Finalizó el trabajo de la Comisión especial investigadora de los actos del Gobierno en el ámbito de la autorización y regulación de la migración de extranjeros hacia Chile, especialmente en lo relativo a su proceder ante hechos calificables como tráfico de migrantes.
La instancia aprobó su informe de propuestas y conclusiones surgido en el marco de las investigaciones administrativas y criminales llevadas adelante por la Cancillería y el Ministerio Público para esclarecer hechos que conformarían una red de tráfico de migrantes chinos hacia Chile, en la que habrían participado autoridades de gobierno y funcionarios públicos.
Ello derivó en una formalización judicial en la que se presentaron cargos a diez personas involucradas en esta red conformada por agencias de viajes que ofrecían a ciudadanos chinos gestionar permisos definitivos de ingreso, residencia y trabajo en Chile a cambio de grandes sumas de dinero y que, posteriormente, quedaban abandonados a su suerte en el país.
Entre las propuestas, que serán discutidas por la Sala en una próxima sesión, se contempla enviar al Ministerio Público, concretamente al fiscal a cargo de la investigación, las actas de la comisión investigadora para que disponga de testimonios y declaraciones.
En este sentido la comisión investigadora destacó el trabajo desplegado en los distintos consulados por la PDI- tras descubrirse el caso- enviando agentes consulares a dichos lugares, lo que ha permitido verificar con mayor celeridad la información y antecedentes con anterioridad al otorgamiento de las visas.
A su vez, propone implementar mecanismos de control interno con nuevos procedimientos de verificación de documentos y datos.
Añaden que, en el caso que uno de los requisitos para otorgar la visa sea una carta de invitación, se plantea una mayor fiscalización, de modo tal que se comprueben fehacientemente los datos.
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