La Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, con el objeto de avanzar en la tramitación del proyecto de ley del Ejecutivo que regula la portabilidad financiera, se encuentra realizando una serie de audiencias.
La Comisión para el Mercado Financiero (CMF), representado por la comisionada Rosario Celedón, señaló que comparte los objetivos de la iniciativa y estimó que pueden resultar beneficios, tanto para los usuarios/consumidores como para el sistema financiero en su conjunto, al incrementar el flujo de información entre instituciones, aumentar el poder de decisión de los clientes y su movilidad y promover la competencia, por entregar cada vez mejores ofertas de valor, entre otros puntos.
Se sostuvo que la materialización de los beneficios esperados, en términos de reducción de costos y plazos, dependerá en parte importante de la implementación operativa de la iniciativa; y evaluó que un Reglamento de Portabilidad es esencial para operativizar la ley.
La comisionada consideró que, si bien el universo de productos y servicios financieros a considerar es amplio, cabría esperar un mayor impacto en créditos con garantía hipotecaria y créditos de tipo masivo (automotriz por ejemplo). En este marco, estimó que la figura de subrogación legal propuesta es clave para expeditar procesos vinculados a productos con garantías hipotecarias.
Entre otros temas, llamó a precisar el concepto de "proveedor"; a generar una efectiva coordinación entre órganos del Estado y Educación Financiera; asegurar un correcto tratamiento de datos; y, en materia de seguros, planteó como algo relevante que las coberturas asociadas a los créditos puedan quedar cubiertas en caso que el cliente decida portarse a un nuevo proveedor.

Asociación de Bancos y retail

La Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF) estuvo representando por su gerente general, Luis Opazo, quien, en primer lugar pidió que el Reglamento de Portabilidad que debe ser expedido por los Ministerios de Hacienda y de Economía, también sea visado por la CMF.
Observó que la portabilidad presenta complejidades asociadas a productos u operaciones contingentes, situación que puede llevar a que la deuda a pagar por el nuevo acreedor sea mayor a la estimada en el certificado de liquidación. En dicho evento, proponen que se explicite que el eventual nuevo oferente se puede retractar de su oferta de portabilidad.
ABIF también llamó a flexibilizar los plazos de la portabilidad y a considerar que el nuevo crédito no devengará intereses por el plazo transcurrido entre la celebración del referido crédito y el pago del crédito inicial por el nuevo proveedor. Frente a este último punto, se solicita establecer que el devengo de intereses se realice desde la aceptación del contrato de crédito con el nuevo oferente.
Asimismo, entre otras observaciones, se sugiere precisar que los distintos trámites y certificados pueden realizarse o constar en medios digitales.
El retail financiero, a través de su vicepresidente ejecutivo, Claudio Ortiz, dijo valorar y apoyar la iniciativa, estimaron que el impacto en el día a día de los usuarios de tarjetas de créditos será menor.
Plantearon establecer criterios para la portabilidad de este servicio financiero en el caso de las transacciones pendientes de cargo, sobre todo aquellas provenientes de compras internacionales, por la vía presencial o a distancia. Además, junto con llamar a una efectiva coherencia regulatoria, consideraron que, para que el sistema general de portabilidad funcione, se deberían establecer estándares y protocolos de operación que regulen y arbitren el proceso de migración, (plazos, ofertas, ejecución de los mandatos, cierre de productos y eliminación de datos, etc.).
En consideración a la complejidad operacional de los distintos productos financieros, propusieron la dictación de un reglamento de portabilidad específico para cada tipo de producto: Créditos Hipotecarios, Créditos Automotrices, Créditos de Consumo en Cuotas, Créditos de Consumo con Tarjetas de Crédito, Cuenta Corriente, etc.
"Debiera realizarse gradualmente, jerarquizando su ejecución en aquellos productos cuya portabilidad genere más beneficio a los deudores. La redacción de estos reglamentos debiera hacerse por el Ministerio de Hacienda y Ministerio de Economia, en consulta con la CMF", se acotó.

Consumidores

El presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios (Odecu), Stefan Larenas, afirmó que existe un gran interés entre los consumidores de contar con una alternativa efectiva para cambiar sus productos y servicios financieros a otra institución financiera y se da cuenta de las barreras que existen para el cambio expedito de proveedor en nuestro país. "La posibilidad de cambiar al proveedor de un producto financiero mediante un refinanciamiento de deuda adquiere una importancia especial para los hogares y las pequeñas empresas chilenas", acotó en su presentación.
Además, se valoró que se promueva una mayor competencia en el mercado financiero, lo que podría redundar en mejoras en las condiciones ofrecidas a los usuarios. "Lo que nos parece más destacable del proyecto es la diminución de costos y trámites para los clientes que trae aparejado el sistema de subrogación", se resaltó.
Para evitar cualquier interpretación, se sugirió aclarar formalmente la necesidad que el nuevo proveedor genere y entregue copia del contrato de adhesión, cumpliendo con las formalidades legales. Lo anterior, por cuanto se requiere descartar la posibilidad que en el mercado los operadores lleguen a considerar que basta con el certificado de liquidación u oferta de portabilidad.
Respecto del certificado de liquidación, se estimó necesario que cualquier proveedor con una solicitud firmada por el consumidor pueda pedirlo a otro proveedor y que quede expresamente establecido que "es gratuito y que puede entregarse a cualquier proveedor financiero".
También se planteó que la ley diga que el citado certificado sea apto para finiquitar en todos sus aspectos la relación entre el cliente y el banco, si el cliente así lo pide.
En tanto, la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), representada por su presidente, Hernán Calderón, pidió que la norma impulsada no sea supletoria respecto de la Ley del Consumidor, ya que imposibilitará que los clientes se puedan defender adecuadamente.
Sobre el proceso de portabilidad, estimaron necesario establecer expresamente que la “salida” del cliente que decide optar por un nuevo proveedor de servicios financieros debe ser a costo cero y así evitar que se generen costos que desincentiven la obtención de un nuevo proveedor. Además, se considera que para hablar de portabilidad no puede existir una negación de acceso al cambio de proveedor (no discriminación) en la medida que cumpla con los requisitos mínimos de riesgo.
A su vez se estimó necesario precisar el concepto de subrogación establecido en la propuesta legal, dejando abiertas las opciones de los usuarios para portar sus créditos con un proveedor o con otro.

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