La Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado respaldó las ideas matrices de la norma que fortalece el rol de las juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias en la representación de la comunidad y apoya la acción de sus dirigentes, de autoría de los senadores Montes, Aravena, Ebensperger, Rincón y Lagos Weber. Así, quedó en condiciones de ser vista por la Sala.
La propuesta busca dar un renovado impulso al valor originario de las juntas de vecinos como centro unitario representativo, integrador de la comunidad del respectivo sector, población o localidad e interlocutor por definición ante el municipio y otras autoridades o servicios, y poner de relieve dimensiones esenciales de las juntas de vecinos como su autonomía, la promoción de la convivencia y su carácter de medio para hacer efectiva la participación territorial.
Según la moción, se apunta a que “todas las juntas de vecinos de una respectiva unidad vecinal deban constituir una junta territorial, especialmente como dispositivo aglutinador e interlocutor preferente para tratar los asuntos, planes, obras y presupuestos de común interés con la municipalidad. Las municipalidades, a través de su órgano deliberativo, tendrá el deber de escuchar la opinión de las juntas de vecinos y territoriales en los procesos formales que conducen a la aprobación del plan de desarrollo comunal, el plan comunal de obras y sus respectivos presupuestos”.
Asimismo, el proyecto procura generar una mayor incidencia de las juntas de vecinos en la delimitación o modificación de los límites de las unidades vecinales y en su acción de bien común en esos, sus territorios jurisdiccionales. Con tal propósito, reordena y sistematiza el conjunto de funciones y atribuciones de las juntas de vecinos desde el punto de vista de las áreas o materias que abordan: 1) vivienda, urbanismo y medio ambiente; 2) convivencia y participación vecinal; 3) seguridad pública; 4) atribuciones económicas y de servicios; 5) educación, cultura y recreación; 6) protección de derechos; 7) fortalecimiento y capacitación organizacional.
El proyecto innova reconociendo un conjunto de derechos y deberes propios de las organizaciones sociales, de modo de dar respuesta a cuestiones fundamentales que las afectan cotidianamente.
De este modo, se incluyen, entre otros, el derecho al respeto de su autonomía, el derecho a la información, a la formación y capacitación de dirigentes y vecinos/as, el derecho a acceder a procedimientos concentrados y expeditos tipo "ventanilla única" en los municipios, y a disponer de asistencia y asesorías técnicas y jurídicas en los casos que la requieran.
También, se explicitan algunos deberes básicos como los de transparencia, probidad y funcionamiento democrático, entre otros.
Vea texto íntegro de la moción, discusión y análisis
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