La moción de los diputados Alessandri, Coloma, Kort, Macaya, Melero, Morales, Noman, Ramírez, Sanhueza, Trisotti expone que en la actualidad la configuración de la dieta viene dada por el artículo 62 de la Carta fundamental, que dispone que los parlamentarios percibirán como renta única una dieta equivalente a la remuneración de un Ministro de Estado incluidas todas las asignaciones que a estos correspondan. Sin embargo, su origen buscaba permitir el acceso a la actividad política a quienes no tenían los costos, por lo que ha mutado su naturaleza con el transcurso del tiempo, configurándose actualmente como una remuneración propiamente tal, entendiéndose por tanto, que la dedicación a la actividad legislativa, no es gratuita.
Enseguida, hace presenta que la ciudadanía ha manifestado, con justa razón, un malestar generalizado sobre este tema. En efecto, expone, los sueldos de diputados y senadores son excesivamente altos, siendo incluso de los más altos de Latinoamérica. Por lo mismo, se han hecho diversas propuestas que buscan equilibrar dietas y asignaciones con las exigencias de la función legislativa; pero a su vez sean concordantes con la realidad nacional y con una agenda de gasto fiscal reducido. Así, los autores buscan poner fin a este adverso escenario, y las funestas consecuencias del mismo, como lo son el alejamiento de la ciudadanía de la gestión política, y el aumento de la desconfianza de la sociedad en nuestra labor y gestión.
Por otro lado, proponen que las remuneraciones de los altos cargos de las empresas estatales que cumplan una función estratégica, sean determinadas por el Presidente de la República en atención a criterios que garanticen la competitividad de dicha empresa con su sector económico, esto por cuanto las empresas estatales deben encontrarse en una posición adecuada que las garantice la competencias con el sector privado, como también la posibilidad de contratar personal técnico y calificado, siendo el principal incentivo para la atracción de profesionales, la remuneración ofrecida. Así, lo anterior se encuentra en directa armonía con los lineamientos principales de la moción, cuyo objeto último es la reducción de los altos sueldos que existen en el sector público, pero sin caer en el populismo y en las medidas simplistas que traen consigno perniciosas consecuencias para le economía nacional y el país.
De esa forma, el proyecto propone reemplazar el artículo 62 de la Constitución Política de la República, en el siguiente sentido: “Los diputados y senadores percibirán como única renta una dieta que será fijada por el comité de asignación parlamentaria. Este mismo órgano fijará también, las asignaciones parlamentarias en atención a los siguientes criterios número de población, dimensión geográfica, accesibilidad, entre otros. Las remuneraciones de los altos cargos de las empresas públicas creadas por ley y las empresas del Estado que cumplan una función estratégica, serán determinadas por el Presidente de la República, en atención a criterios que garanticen competitividad con su área”.
Corresponde ahora que la iniciativa, en primer trámite constitucional, sea analizada por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados.
Vea texto íntegro de la moción, discusión y análisis.
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