La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha condenado, a dos años de su visita de trabajo a Nicaragua realizada entre el 17 y el 21 de mayo de 2018, el incumplimiento de las recomendaciones formuladas en sus Observaciones Preliminares y en su Informe de País que indicó que existen graves violaciones a los derechos humanos en el contexto de las protestas sociales en Nicaragua e insta al Estado nicaragüense a implementarlas.
En la visita de trabajo, la Comisión observó una severa represión estatal hacia la población civil que protestaba en contra del Gobierno, caracterizada entonces por el uso excesivo y muchas veces letal de la fuerza policial; el despliegue represivo de fuerzas parapoliciales o de civiles con aquiescencia y colaboración de las autoridades estatales; la estigmatización, intimidación, amenazas y detenciones arbitrarias en contra de líderes y manifestantes, entre otros; así como por la ausencia de administración de justicia; y la censura directa e indirecta a la prensa.
A dos años de dicha visita, y de la instalación de su Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), creado para dar seguimiento a las recomendaciones formuladas por la CIDH tanto en las Observaciones Preliminares al cerrar la visita, como en el Informe de País, la Comisión ha observado, y puesto en inmediato conocimiento de la comunidad internacional, la persistencia de patrones represivos de ataque a las libertades públicas mediante la prohibición de cualquier forma de disidencia, incluyendo la protesta social; el ataque sistemático a la libertad de expresión y prensa; la estigmatización y persecución de defensoras y defensores de derechos humanos; y el despliegue de grupos parapoliciales y otros contingentes civiles afines al Gobierno para perseguir y atacar a opositores y manifestantes. Todo ello en un contexto de impunidad estructural ante el debilitamiento de las instituciones públicas a través de la concentración del poder Ejecutivo y la falta de independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público y; adicionalmente, de impedimento del escrutinio internacional en terreno.
En efecto, en Nicaragua, persiste un estado de excepción de facto, en el que se mantienen suspendidos o severamente limitados derechos como la libertad de expresión, el derecho de reunión y asociación, a la defensa de derechos humanos, y a participar en la dirección de los asuntos públicos.
Finalmente, la Comisión hace presente que continuará monitoreando la situación de derechos humanos en Nicaragua y documentando los casos de violaciones de derechos humanos que se siguen registrando en el país, con miras a contribuir en la legítimamente anhelada realización de la justicia y conocimiento de la verdad de lo ocurrido por parte de las víctimas y sus familiares. La CIDH insta al Estado de Nicaragua a tomar medidas destinadas a la implementación de sus recomendaciones conforme a obligaciones internacionales contraídas voluntariamente, como un medio idóneo para el restablecimiento de las garantías democráticas en el país y reitera su permanente disposición a prestar asistencia técnica para ese fin. En el contexto de la pandemia global por COVID19, la Comisión enfatiza la urgencia de estas medidas, pues la situación de derechos humanos en el país, caracterizada entre otras por la falta de acceso adecuado a la información pública y por la falta de confianza en las autoridades, debido a la impunidad y la represión, afecta gravemente la capacidad del Estado para enfrentar las condiciones sanitarias provocadas por la pandemia.

Vea texto íntegro del comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

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