Bemba fue arrestado en mayo del 2018 producto de una orden de arresto emitida por Corte Penal Internacional (CPI), de la que fue absuelto por la Sala de Apelaciones de la CPI en junio del 2018. Dos años después, el 18 de mayo del 2020, la Segunda Cámara de Juicio Preliminar de la CPI emitió su decisión sobre la solicitud de Bemba de una indemnización de perjuicios.
La Cámara observó que la solicitud de Bemba tenía dos componentes: una solicitud de indemnización bajo el artículo 85 del Estatuto de Roma, y una solicitud de compensación económica por el presunto mal manejo económico de su patrimonio incautado por orden de la Corte.
En el primer componente, la Cámara consideró que la solicitud falló al establecer que él había sufrido un grave y manifiesto error judicial bajo la definición del artículo 85 del Estatuto de Roma y, por consiguiente, rechazó conceder la indemnización a Bemba.
En el segundo componente, la Cámara observó que el caso no corresponde a las atribuciones del artículo 85 del Estatuto de Roma y, por lo tanto, descartó su aplicación. La Cámara también dio cuenta que, dado que la responsabilidad por la ejecución debida de una solicitud de cooperación emitida por la Corte recae principalmente en los Estados requeridos, siendo el rol del Registro de la CPI limitado a facilitar la comunicación con la Corte; la decisión de rechazar la solicitud, no obsta del derecho de Bemba de acudir a otros remedios procesales y vías que podrían de otra manera estar abiertas a él para obtener la compensación buscada.
Asimismo, la Cámara advierte que el caso de Bemba es un ejemplo de la seriedad que constituye la ausencia de plazos de prescripción o requisitos para la solicitudes de medidas cautelares, como la prisión preventiva; señalando a los Estados miembros que es un ítem importante para revisar.
Vea texto íntegro del comunicado (en inglés) de la Corte Penal Internacional.
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