Amnistía Internacional señaló que “el enjuiciamiento de Issa Amro, destacado defensor palestino de los derechos humanos, por una publicación en las redes sociales en la que criticaba a las autoridades palestinas es otro golpe devastador para la libertad de expresión en Palestina”.
Issa Amro, miembro fundador del grupo Jóvenes contra los Asentamientos, fue detenido por las fuerzas de seguridad palestinas el 4 de septiembre de 2017 tras criticar a las autoridades palestinas en Facebook por detener a un periodista en Hebrón que había criticado al presidente Mahmud Abás.
“Es una vergüenza que Issa Amro pueda ser condenado a prisión simplemente por expresar sus opiniones y promover los derechos humanos en Internet. Las autoridades palestinas deben retirar inmediatamente todos los cargos formulados en su contra. Criticar a las autoridades no debería ser nunca delito. De ser encarcelado, Issa Amro sería un preso de conciencia”, afirmó Saleh Higazi, director adjunto de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
A continuación, el organismo relató que tras su detención por las fuerzas de seguridad preventiva en 2017, Issa Amro estuvo recluido siete días en los que fue presuntamente torturado por interrogadores del Comité Conjunto de Seguridad, órgano integrado por miembros de diferentes fuerzas de seguridad. Amro dijo a Amnistía Internacional que había estado cinco días en régimen de aislamiento y que los interrogadores le propinaron puñetazos y lo amenazaron de muerte. Posteriormente quedó en libertad con una fianza de 1.400 dólares estadounidenses.
Amro está acusado de alterar el “orden público” con arreglo a la draconiana Ley de Delitos Electrónicos de Palestina, así como de “causar conflicto” e “insultar a las máximas autoridades”, en aplicación del Código Penal jordano de 1960, que sigue vigente en Cisjordania. De ser declarado culpable, podría ser condenado a un máximo de dos años de prisión y al pago de una multa.
Luego, Amnistía comentó que cuando salió en libertad tras casi una semana de detención, le dijeron que se iba a congelar su causa, pues se iban a retirar los cargos y a archivar el expediente. Sin embargo, el mes pasado, un tribunal palestino de Hebrón reabrió la causa en un intento evidente de intimidarlo para que abandone su labor en curso de denunciar violaciones de derechos tanto israelíes como palestinas.
“Las autoridades palestinas tienen un funesto historial de acoso e intimidación a personas que hacen críticas pacíficas y a activistas de derechos humanos. La persecución continua a la que es sometido Issa Amro es un terrible indicio de que estas tendencias ilegítimas se están perpetuando. El inminente nuevo gobierno del primer ministro Mohammad Shtayyeh debe dejar claro con rapidez que no es así y mostrar un compromiso real con la protección de los derechos de quienes defienden los derechos humanos, como Issa Amro”, prosiguió Saleh Higazi.

Amenazas de muerte e intimidación

Issa Amro contó a Amnistía Internacional que había recibido amenazas de muerte en las redes sociales y por teléfono de simpatizantes de Fatah, el partido político palestino en el poder en Cisjordania. Dijo que temía por su seguridad personal y añadió que las autoridades palestinas también habían amenazado a personas de su entorno para que dejaran de colaborar con él o con la organización Jóvenes contra los Asentamientos (YAS), con la que está relacionado.
El mes pasado, indica Amnistía, Fatah hizo pública una declaración de prensa en la que instaba a las organizaciones de la sociedad civil de Hebrón a que no trabajaran con Issa Amro ni con Jóvenes contra los Asentamientos, y advertía de que quienes lo hicieran sufrirían represalias.
Issa Amro dijo que, tras la declaración de prensa de Fatah, los colonos israelíes de Hebrón habían aumentado la intimidación y la incitación contra él y contra miembros de Jóvenes contra los Asentamientos.
“Las autoridades palestinas de Cisjordania tienen el deber de garantizar que quienes defienden los derechos humanos, como Issa Amro, pueden hacer libremente su trabajo sin sufrir amenazas, intimidación ni abusos; no proteger estas actividades e interferir deliberadamente en su labor son violaciones flagrantes del derecho internacional”, dijo Saleh Higazi.
Enseguida arguyó que que “las autoridades palestinas de Cisjordania deben asimismo dejar de usar la represiva Ley de Delitos Electrónicos para perseguir a personas críticas y activistas pacíficas y, en su lugar, reformar esta ley haciéndola compatible con sus obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional de los derechos humanos o derogarla totalmente”.
Añadió, además que la población palestina de Cisjordania y la Franja de Gaza lleva más de 50 años sufriendo violaciones sistemáticas de sus derechos humanos bajo la brutal ocupación israelí. Las personas comprometidas con el activismo, como Issa Amro, que están revelando lo que ocurre realmente en el lugar para que la población pueda obtener justicia y resarcimiento, deben poder trabajar sin injerencias arbitrarias”, concluyó Saleh Higazi.
Por último, Amnistía puntualiza que Issa Amro está también enjuiciado por un tribunal militar israelí por 18 cargos, todos ellos relacionados con su activismo pacífico en Hebrón. La próxima vista de esta causa está prevista para el 1 de abril.

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