En una reciente publicación del medio on line swissinfo se da a conocer el artículo “Referéndum, la espada de Damocles sobre la política”.
Se sostiene que en Suiza, los ciudadanos tienen la última palabra. Y no solo sobre cualquier enmienda constitucional, sino también sobre una nueva ley. El derecho del veto popular es uno de los pilares más importantes del sistema político de Suiza. El referéndum hace que el proceso legislativo sea más largo y complejo, pero también obliga a los políticos a buscar soluciones que tengan un amplio respaldo.
A continuación, se comenta que un campesino de montaña del cantón de Uri (Suiza central) respondió así a la pregunta sobre su comportamiento en las urnas: “Siempre voto no y hasta ahora no me ha ido mal”. Franz Steinegger, un exdiputado de Uri, contó esta anécdota en una entrevista en 2017, poco después de que los ciudadanos suizos rechazaran la reforma del sistema de pensiones en un referéndum nacional.
El Parlamento había aprobado la reforma, aunque por un estrecho margen de votos: un solo voto de diferencia. Pero la reforma no superó el veredicto de las urnas.

El arte de convencer al electorado

Con respecto a este punto el texto expone que no sabemos si los votos de esos ciudadanos que, al igual que el campesino de Uri, suelen votar no, por principio, incidieron en el resultado. Pero la anécdota muestra que el sistema suizo de democracia directa requiere políticos con aguante. Y a veces también con nervios de acero.
Ello, se explica, porque no es suficiente ganar el apoyo del Gobierno o de los partidos representados en el Parlamento a una propuesta. También hay que pensar en los votantes. Porque los ciudadanos pueden echar por tierra un proyecto si no les convence – como ocurrió con la reforma de las pensiones. Un simple no, hizo que siete años de trabajo parlamentario quedaran reducidos a papel mojado.

Decisiones permanentes

El documento indica que en Suiza se conocen dos formas de referéndum: el obligatorio y el facultativo. Toda enmienda de la Constitución, así como la adhesión a una organización supranacional deben ser sometidas obligatoriamente a referéndum.
Las leyes, algunos decretos federales [que emanan del Parlamento] y tratados internacionales están sometidos al referéndum facultativo. Se someten a votación popular si en el plazo de tres meses se reúnen 50 000 firmas de ciudadanos que así lo exigen.
El referéndum es más que una simple herramienta de participación ciudadana, porque su repercusión en el proceso legislativo puede ser determinante. Los políticos no solo tienen que desarrollar estrategias y negociar alianzas para que sus propuestas avancen en el Parlamento.
También tienen que pensar si la solución propuesta logra convencer a una mayoría de la población. La consecuencia de esto es que se entabla un amplio debate durante el cual se se escuchan las voces que no tienen representación parlamentaria.

Más laborioso, pero también más estable

Por lo tanto, se asegura, este obstáculo adicional hace que el proceso legislativo sea más lento y complicado. Por otra parte, las decisiones que se adoptan con el respaldo de la mayoría de los votantes son más sólidas y no suelen ser revocadas, como ocurre cuando cambia el gobierno.
Desde la fundación del Estado Federal en 1848, se detalla, en Suiza se han celebrado 200 referéndums obligatorios. Y tres de cada cuatro fueron aprobados por el pueblo.
Al referéndum facultativo, que existe dese 1847, se han sometido 2459 modificaciones legislativas previamente aprobadas por el Parlamento. Contra 177 de ellas se reunieron las suficientes firmas necesarias para someterlas a votación popular. Solo en 78 casos los ciudadanos rechazaron por mayoría la ley. La mayor parte de las cuestiones que decide el Parlamento entran en vigor sin previa aprobación popular; y cuando se convoca una votación, en la mayoría de los casos los ciudadanos suelen coincidir con el Parlamento y avalan su decisión.

Efecto preventivo

En lo que se refiere al efecto preventivo, el texto dice que la influencia del derecho de referéndum no se limita a los textos legislativos que se someten a votación popular. La perspectiva de que un partido pueda recurrir al referéndum contra una ley es suficiente para buscar un compromiso los detractores de una ley, o para que la oposición sea lo mínima posible en caso de que se someta a votación popular.
En el caso de la reforma de las pensiones, se ejemplifica, fue un auténtico ejercicio de malabarismo para la mayoría parlamentaria de centroizquierda: la Unión Democrática de Centro (UDC, derecha conservadora) y el Partido Liberal Radical (PLR, centro derecha) se oponían a la extensión del seguro de vejez y viudedad (AHV/AVS) y a un aumento de las rentas de 70 francos mensuales.
Por su parte, los detractores de la extrema izquierda, que recurrieron al referéndum, querían impedir que se elevara la edad de jubilación para las mujeres de los 64 a los 65 años, con el fin de equipararla con la de los hombres.
Enseguida, se arguye que elaborar una nueva reforma que satisfaga a la mayoría de los ciudadanos no será tarea fácil. Aun así, el ejemplo de la ley energética, votada en mayo de 2017, demuestra que no es imposible. El proyecto de ley, que preveía el paulatino abandono nuclear y la promoción de las energías renovables, despertaba escepticismo de los partidos de centroderecha.

Un triunfo en la mano

También se recuerda que durante el debate parlamentario, los partidos de izquierda y de centro lograron satisfacer en parte las demandas de los círculos económicos, por ejemplo, con asignaciones económicas adicionales destinadas a sanear y adecuar las infraestructuras para el cambio energético. No consiguieron contentar a la UDC, que terminó lanzando el referéndum. Pero sí a una mayoría del PLR, que hizo campaña a favor y gracias al cual la ley ganó la prueba de las urnas con una amplia mayoría.
Así, se reflexiona que el derecho de referéndum pende como una espada de Damocles sobre la política. Una espada que surte efecto sin utilizarla. En definitiva, es una herramienta de la democracia directa que concede a la ciudadanía un control adicional sobre los políticos designados.
El hecho, se añade, de que en Suiza la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas sea más elevada que en otros países se debe probablemente a esto. Confiar es bueno, pero a la ciudadanía le resulta más fácil confiar en el Gobierno y el Parlamento cuando sabe que tiene un triunfo en la mano.

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