La Ley de Seguridad Interior fue aprobada en la Cámara de Diputados de México, tras lo cual el debate queda ahora radicado en el Senado y se espera que éste la apruebe antes de que termine el actual periodo legislativo, el 15 de diciembre.
La iniciativa ha sido promovida principalmente por el gobernante Partido Revolucionario Institucional, con el apoyo de algunos sectores del conservador Partido Acción Nacional.
Quienes apoyan la iniciativa sostienen que la ley establecerá un marco legal para que las fuerzas armadas mexicanas continúen con su lucha contra el crimen organizado, declarada hace más de una década por el poder ejecutivo. “No hay intención de militarizar el país”. “Estas son acciones temporales, no permanentes”, y ayudará a definir las condiciones según las cuales podrían intervenir las fuerzas armadas en sitios donde hay riesgo a la seguridad y en que los gobernadores han solicitado el apoyo. La ley justamente persigue asegurar el respeto a los derechos humanos y darle certeza a las fuerzas armadas”.
Sus críticos afirman que la propuesta legislativa dejará a las fuerzas armadas por encima de los mecanismos civiles de rendición de cuentas y reducirá los incentivos para que las autoridades locales y estatales construyan organismos policiales efectivos. “La excepción ahora será la regla” con una legislación que le confiere excesivo margen a las autoridades para definir qué es una amenaza a la seguridad interior, lo que podría abrir la puerta a que las fuerzas armadas actúen contra grupos políticos en protestas, por ejemplo, si creen que representan una amenaza. La ley oficializaría la suspensión de derechos como el debido proceso y la presunción de inocencia, sin que el gobierno tenga que declarar formalmente ese estado de emergencia y faculta convocar a las fuerzas armadas “cuando se quiera y como quiera, con información que se mantiene clasificada sin controles ni rendición de cuentas”. “Es un golpe a la Constitución”.
El involucramiento del ejército en la guerra contra el narcotráfico ha llevado a un aumento en las denuncias de abusos y violaciones de los derechos humanos, afirman, y pese a las reformas hechas en 2014 al código de justicia militar, las cuales prevén que los efectivos puedan ser investigados por cortes civiles en vez de tribunales militares, esas violaciones raramente son castigadas en la práctica.
El debate sobre la Ley de Seguridad Interior se da en momentos en que los homicidios en México han alcanzado los niveles más altos desde 2006, cuando comenzó la guerra contra el narcotráfico.

Vea texto del proyecto de ley de seguridad interior que se discute en el Congreso mexicano.

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