Por Mauricio Fuentes*

-Respecto del trabajo de la Comisión Técnica, y en el entendido de que debía dar viabilidad al proceso y materializar el acuerdo por la nueva Constitución en un proyecto de reforma constitucional, ¿cómo evalúa el funcionamiento de dicha instancia? ¿Considera que sus integrantes tuvieron cierto margen de actuación, más allá del encargo de los partidos políticos firmantes del acuerdo?

 

Nuestro trabajo, aun cuando era técnico -pues consistió, fundamentalmente, en redactar artículos que plasmaran el acuerdo constitucional del 15 de noviembre- estaba muy determinado por las demandas de los partidos políticos firmantes de dicho documento. Algunas integrantes pudimos actuar con mayor margen de libertad en la medida en que pudimos tratar temas que, en principio, no estaban dentro del acuerdo, como, por ejemplo, la composición de la convención constituyente.

 

–A propósito del quórum de 2/3 de la Convención Mixta o Constituyente, ¿Qué le parece del debate que se produjo respecto de las materias que no alcanzarán dicho quórum y su relación con la Constitución vigente? ¿Le parece que ciertos sectores intentaron torcer el acuerdo de noviembre y el trabajo que desarrolló la Comisión Técnica?

 

No en la Comisión. La hoja en blanco fue un presupuesto admitido por todos sus integrantes de modo que aquello que no logre ser acordado por la convención constituyente quedará como tarea para el legislador. La Constitución actual quedará derogada íntegramente una vez aprobada la nueva carta fundamental por la ciudadanía.

-En relación a la idea de hoja en blanco, ¿cree que aquella disposición contenida en la reforma constitucional, según la cual la nueva Constitución deberá respetar los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, puede generar interpretaciones equívocas o problemas, por ejemplo, para modificar aspectos tales como la regulación del derecho de propiedad?

 

No lo creo. Las normas internacionales de protección contenidas en tratados internacionales ratificados por Chile en materia de derechos humanos son un mínimo básico de toda democracia, además de ser obligaciones del Estado de Chile, de modo que ni siquiera el constituyente originario puede vulnerarlos en una nueva Constitución.

 

–Mientras sesionó la Comisión, y a raíz de la falta de consenso en aspectos tales como la paridad de género y los escaños para pueblos originarios e independientes, ¿sintió que el acuerdo podía fracasar?

 

Por cierto que sí. Aunque los temas que estaban fuera del acuerdo no se trataron directamente, aquellos que sí lo estaban eran susceptibles de distintas interpretaciones y, por lo mismo, diferentes redacciones normativas. Con todo, hubo muy buena voluntad de todos los miembros de la Comisión.

 

–Una de las críticas que se han dirigido al acuerdo constitucional dice relación con la ausencia de representantes de organizaciones sociales de base. ¿Comparte la idea de que ese hecho afectará de modo considerable la legitimidad del proceso que se inicia?

 

Claro que no. Este era, como he mencionado, un trabajo técnico de redacción de normas generales para hacer posible el proceso constituyente. La ciudadanía tendrá, desde ahora, muchos espacios de participación.  Primero, deberá votar en el plebiscito de entrada, luego, podrá formar parte de la Convención Constituyente y/o participar en la elección de sus miembros. Durante todo el proceso de redacción de la nueva Constitución -casi un año- podrá hacerse oír por la convención. Finalmente, deberá participar del plebiscito de salida y dar su aprobación al nuevo texto. 

 

Como se ve, será la ciudadanía la principal protagonista de este proceso que recién se ha iniciado. 

 

–En un texto de 2007 (Lejos del poder. Hacia la implementación de una ley de cuotas en Chile), usted defendía la incorporación de cuotas electorales en el sistema electoral chileno. Reconociendo la relevancia de la perspectiva de género para dotar de legitimidad al proceso constituyente, ¿cree necesario pasar de un sistema de cuotas para la postulación al órgano constituyente a uno de paridad en su integración? Si fuera así, ¿cree que un sistema de paridad sortea las críticas que, enarbolando el principio democrático y la igualdad del voto, se podrían formular a dicho mecanismo?

 

A mí me habría gustado el de la doble papeleta. Pero no fue posible consensuar, en la Comisión técnica, un número de convencionales mayor a 155 y el sistema de doble papeleta requería de 310. Con todo, hay varios sistemas que se han propuesto por las politólogas y que garantizan paridad. Somos el 51% de la población y, por tanto, más de la mitad de las personas que estarán vinculadas por la nueva normativa constitucional. Un pacto social como este requiere ser construido por un conjunto de personas que representen, de la manera más fidedigna posible, a la composición de la población chilena.

 

-Uno de los temas más polémicos del último tiempo tiene que ver con las funciones y el rol del Tribunal Constitucional. Suponiendo que el proceso constituyente se desarrolla con altos grados de participación ¿abogaría por establecer un órgano concentrado de control de constitucionalidad encargado de la aplicación del texto constitucional legítimo que derive de un proceso altamente participativo?

 

Yo soy partidaria de que exista un órgano concentrado de control constitucional. Sin embargo, hay varias reformas que habría que hacer, tanto en la composición del órgano como en sus atribuciones, para darle la legitimidad democrática que requiere.

 

-En 2013, formó parte de un grupo de académicos que entregó una propuesta para una nueva Constitución, la que, junto con un mecanismo, incluía ciertos contenidos a ser abordados en una nueva Carta fundamental. ¿Hay algún aspecto que usted destacaría de dicha instancia, sobre todo con miras al proceso constituyente que se inicia?

 

En esa instancia logramos consensuar la garantía de varios derechos sociales que hoy no existen. También el perfeccionamiento de derechos que sí forman parte de nuestra actual Constitución.

 

Me parece necesario tener derecho a una renta básica universal, a cuidado sanitario de calidad, a vivienda, a un trabajo con un sueldo suficiente, y pensiones suficientes. Creo también fundamental que se remunere el trabajo de cuidado -que las mujeres todavía realizan gratuitamente- y que se garanticen los derechos sexuales y reproductivos, así como el derecho a una vida libre de violencia y discriminación, por mencionar algunos de los contenidos mínimos que creo debiera tener una nueva carta fundamental.

 

* Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la U. de Valparaíso.

Magíster en Derecho Público de la U. de Valparaíso y Máster en Argumentación Jurídica de la U. de Alicante.

Abogado de Comisiones legislativas, Senado de la República.