Recientemente, el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, envío al Congreso Nacional un proyecto de Ley por el cual se moderniza la legislación tributaria vigente con las miras de buscar un desarrollo integral, sustentable e inclusivo, que contenga reglas claras y certeras en materia tributaria.
Así, es como en dicho proyecto de Ley, se establecen medidas pro crecimiento y pro inversión y varias  otras iniciativas modernizadoras que pretenden simplificar el sistema tributario nacional, con la finalidad de brindar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes.
En ese sentido, y respecto a las medidas pro crecimiento y pro inversión, se contempla un sistema de depreciación instantánea y acelerada, por lo que se permitirá llevar a gasto la adquisición de un activo fijo nuevo o usado de manera más rápida, generándose una mejoría en los flujos de la compañía que decide aplicar tal depreciación. Asimismo, se extiende el beneficio del IVA en la construcción en el sentido de permitir que viviendas de hasta UF 4.000 puedan también utilizar el crédito especial del IVA por un monto equivalente al 45% de dicho impuesto (IVA), medida la cual generará un impulso en la construcción de viviendas para la clase media.
De igual manera, se reduce el plazo para recuperar el IVA soportado en la adquisición de activo fijo, de 6 a 2 meses, y se acota el plazo de respuesta del SII de 60 a 5 días en esta materia, medida que tendrá un impacto positivo desde el punto de vista financiero por cuanto adelanta el flujo de dinero para poder reinvertir en nuevos negocios.
Por su parte, dicho proyecto de Ley, moderniza y simplifica el sistema tributario en el sentido de crear un régimen único e integrado de tributación en base a retiros, eliminándose el sistema de renta atribuida y por el cual deben tributar los dueños de las compañías, hayan o no retirado dinero de su empresa. Ello representa un incentivo para mantener reinvertida la utilidad en la compañía y así mejorar sus procesos de gestión, capacitación, tecnología e innovación, lo que ayudará a expandir la tasa de empleabilidad y la conformación de una fuente laboral más sustentable y sostenible en el tiempo en atención al mayor grado de capacitación y especialidad de la masa laboral.
En adición a lo anterior, el proyecto reconoce la importancia de las Pymes en nuestra economía, las cuales representan un 98% de las empresas de nuestro país, y que equivalen a un 50% de la fuerza laboral chilena, por lo que se crea un sistema especial de tributación, sólo aplicable a estas empresas, conocido como “cláusula Pyme” por la cual estas compañías tendrán una tasa preferencial de tributación equivalente al 25% (en reemplazo de la tasa del 27% del sistema general de tributación). Asimismo, tendrán la opción de aplicar la denominada “transparencia tributaria”, que consiste en que los dueños de estas empresas (Pymes) podrán quedar gravados directamente con la tasa del impuesto global complementario que les afecta. Así, por ejemplo, si el dueño de una empresa “Pyme”, tiene un impuesto global complementario del 15%, podrá tributar con una esta tasa del 15% y no con la tasa del 25% que correspondería pagar a la empresa por concepto de su impuesto corporativo, lo que igualmente ayudará al flujo de caja (dinero) de esta compañía.
De igual forma, se contempla un incentivo a la reinversión de utilidades para las empresas con ingresos anuales no superiores a UF 100.000, en el sentido de mantener el beneficio de deducir parte de la renta líquida imponible de hasta un 50% del monto que se mantenga invertido en la empresa, con un tope de UF 4.000. En este aspecto, es importante señalar que, si bien, se mantiene el beneficio de la actual legislación, el proyecto de Ley mejora su aplicación, puesto que si el dueño en años posteriores al haber aplicado la deducción, decide efectuar un retiro de dividendos, con la actual legislación, debe restituir el monto por el cual efectúo el retiro y la deducción, lo que no sucedería de aprobarse el proyecto de Ley. Esto es un aspecto importante, ya que se obtendrá una relevante optimización tributaria en favor de un mayor flujo de dinero para reinvertir en la compañía “Pyme”.
De manera oportuna, el proyecto de Ley contempla normas que otorgan mayor seguridad jurídica a los contribuyentes. Por de pronto, se corrigen los efectos disuasivos que provoca la actual norma general antielusión, y no precisamente por la claridad de su redacción, sino que por lo confuso de su contenido, lo que trae aparejado inseguridad y falta de confianza de parte de contribuyentes e inversionistas, de manera de establecer normas y reglas claras que otorguen un mayor grado de certeza en materia tributaria.
Por último, y siguiendo la buena experiencia de otros países como México, el proyecto de Ley contempla la creación de una nueva institución denominada “Defensoría de Derechos del Contribuyente” (DEDECON), entidad que se encargará de velar por el respeto de los derechos del contribuyente, teniendo un rol relevante de mediación entre los conflictos que se susciten entre el SII y los contribuyentes.
Una legislación tributaria sólida, basada en el equilibrio entre el principio “pro Fisco” y “pro Contribuyente”, que otorgue seguridad jurídica, proclive a considerar incentivos tributarios pro crecimiento y pro inversión, sin duda logrará sentar las bases de un sistema tributario sano y adecuado, al tiempo de inyectar un mayor dinamismo a la economía y una mayor certeza y seguridad jurídica en materia tributaria.