Estas medidas se enfocan, especialmente, en personas que tienen mayor riesgo de contagio de la enfermedad COVID-19, y previendo medidas especiales para quienes tengan sospecha de contagio.
La Magistratura constitucional sostuvo que la ausencia de justificación racional suficiente de la norma legal analizada queda al descubierto si se revisa la historia de la ley de las diferentes modificaciones sobre el particular, la cual es escasa, errática e inespecÃfica.
La Magistratura constitucional adujo que, de aplicar los preceptos impugnados en el caso en especÃfico, se vulnerarÃan las garantÃas constitucionales de igualdad ante la ley y debido proceso.
La Magistratura constitucional colombiana adujo que, el no pago de estas obligaciones por parte de personas con capacidad económica para hacerlo, implica un abuso del derecho y el correlativo desconocimiento de sus deberes.
De esta manera, ambas Magistraturas constitucionales marcan un hito relevante en el uso de la tecnologÃa y el trabajo remoto.
La gestión pendiente incide en autos penales, seguidos ante el Juzgado de GarantÃa de CuracavÃ.
La Magistratura constitucional adujo que el legislador es libre de establecer un sistema de recursos que le parezcan pertinentes a la naturaleza de la controversia para la protección de los derechos e intereses comprometidos de los justiciables.
En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
En especÃfico se estudió si tales facultades desconocÃan el artÃculo 267 de la Constitución, que define a ContralorÃa como una entidad de carácter técnico con autonomÃa administrativa y presupuestal.
Esto, a propósito de caso de un estudiante que bloqueó la sede principal de la universidad como protesta por la gestión de altos directivos, hecho por el cual, no se le permitió acceder al tÃtulo.
