La cuestión se remonta a la época en que correspondía al Pleno de la Corte Suprema declarar la inaplicabilidad, por causa de inconstitucionalidad, de todo precepto legal.

«El Tribunal se encuentra obligado a respetar la competencia de los jueces del fondo y a aplicar el principio de deferencia razonada hacia los poderes del Estado».

La eliminación de la facultad judicial de no dar curso a la demanda por no presentarse antecedentes suficientes que hagan plausibles los hechos en que se funda, concluye la sentencia, no vulnera los derechos a la igualdad ante ley y la justicia, ni las garantías del debido proceso.

Interesa la sentencia, entre otras consideraciones, por cuanto el TC reitera que no procede la acción de inaplicabilidad si la cuestión sometida a su decisión incide en un conflicto de interpretación legal o atañe al mérito de la norma impugnada, por ser ello ajeno al ámbito de sus atribuciones en esa sede.

“el dilema es por qué una persona a la cual se le controló la detención y el juez negó la prisión preventiva debe permanecer privada de libertad por el simple hecho que el fiscal dedujera un recurso de apelación, el cual, al tenor del artículo 368 del Código Procesal Penal se concede en el solo efecto devolutivo y, por lo mismo, la resolución que negó la prisión preventiva debe cumplirse en tanto no se resuelva la apelación”.

El precepto legal impugnado establece que las organizaciones deportivas que otorguen concesión, suspenderán completamente sus actividades por el tiempo que dure la concesión y que solo conservarán su representación ante la sociedad concesionaria si fueren accionistas de ella.

Se solicitó declarar inconstitucional determinados autos acordados dictados por la Corte Suprema para que no fueran aplicados en una causa por secuestro calificado y desaparición forzada de personas de que conoce un ministro de fuero de la Corte de Santiago, “Episodio Tejas Verdes”, por contravenir la Constitución.

El Tribunal resolvió que los contenidos normativos de las disposiciones citadas inciden en materias reservadas por la Constitución al legislador orgánico constitucional, al establecer dichos preceptos modos de participación de los pueblos indígenas en los niveles nacional, regional y municipal de administración, que la Constitución reserva a esa clase especial de leyes.

El TC resolvió que el requerimiento no cumplía con el presupuesto constitucional de que “la impugnación esté fundada razonablemente”.

Se acepta que para cumplir con el mandato constitucional de dar asistencia a quienes no puedan procurársela por sí mismo el legislador emplee el medio de obligar a los abogados a desempeñar esta tarea –en forma excepcional y supletoria-, pero ello no autoriza a que se omita remunerar por dicha labor profesional.