La requirente señala que debió realizar múltiples trabajos sanitarios que son los que originan los cobros que la Municipalidad le formula y que ésta fijó en una Ordenanza Municipal que dictó al amparo del precepto legal que impugna.

El Ministro Fernández Baeza estuvo por declarar admisible el requerimiento y ordenar la suspensión del procedimiento en el que incide.

Al declarar inadmisible el requerimiento el TC que reiteró que debe verificar el cumplimiento, entre otras exigencias, de aquella según la cual la norma legal impugnada pueda tener incidencia decisiva en la resolución de la gestión judicial pendiente de que se trata.

También desestimó la imputación de que el senador “incitó a la alteración del orden público, tanto de las personas que se encontraban con él en la Plaza Italia como de los que, a través de la televisión, pudieron verlo participando en un acto ilegal”.

La Cámara de Diputados sometió a control obligatorio el proyecto de ley que modifica la Ley Nº 18.556, Orgánica Constitucional sobre Inscripciones Electorales y Servicio Electoral y la Ley Nº 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, para permitir el voto de los habitantes de la localidad de Chaitén en las elecciones municipales 2008.

Las declaraciones antes referidas se solicitan respecto de dos procesos judiciales. Una acción de dominio y otra de nulidad de derecho público interpuesta en contra de la citada Resolución.

En estrados –llamados a alegar sobre la admisibilidad- el requirente sostuvo que el precepto sí podría tener aplicación en el evento que el imputado quedare en libertad y, por cualquier motivo, fuera nuevamente detenido por una orden cuya legalidad pudiera volver a discutirse.

La gestión pendiente invocada la constituye una causa seguida ante un Juzgado de Garantía que dictó sentencia condenatoria en contra del requirente, en calidad de autor del delito sancionado en el citado precepto legal, la que se encontraría actualmente en conocimiento de la Corte Suprema, por la interposición de un recurso de queja.

Se solicitó la declaración de inaplicabilidad de diversos preceptos contenidos en el DFL Nº 2, de 1967, Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo, y del Código del Trabajo (arts. 1, 159 Nº 2, 168, 177, 420, 425 y 476), en relación a un juicio seguido ante un Juzgado Laboral de Santiago.El requerimiento fue declarado […]

Cabe recordar que el TC ya ha resuelto, en casos anteriores, la inaplicabilidad de la norma legal objetada.