El decreto busca paliar la grave afectación que las disposiciones adoptadas para enfrentar el riesgo epidemiológico asociado al coronavirus COVID-19 han causado en la economía de muchas familias y personas de todos los estratos socioeconómicos.

La Corte requirente estima que la aplicación de la norma impugnada, constituye una afectación de la igualdad ante la ley, y pugna con el derecho a la identidad.

En su resolución, la Magistratura constitucional sostuvo que concurre la causal de inadmisibilidad prevista en el numeral 3 del artículo 84 de la LOCTC, esto es, no existe una gestión judicial pendiente.

La decisión fue acordada con el voto en contra de la Ministra Brahm y del Ministro García, quienes estuvieron por declarar inadmisible el requerimiento en virtud de la causal del artículo 84 N° 5 de la LOCTC.

Requerimiento carece de fundamento plausible.

La empresa requirente estima que el precepto impugnado vulneraría las garantías constitucionales de la igualdad ante la ley y el debido proceso.

La requirente estima que el precepto impugnado infringiría la igualdad ante la ley y el debido proceso.

En su resolución, la Magistratura constitucional sostuvo que concurre la causal de inadmisibilidad prevista en el numeral 6 del artículo 84 de la LOCTC, esto es, adolecer de falta de fundamento plausible.

En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

El proyecto de ley buscaba que, para acceder a la pensión, se debía haber cotizado un mínimo de mil cientos cincuenta semanas si es mujer o mil trescientas si es hombre.