La Magistratura constitucional colombina adujo que el Decreto Legislativo no desconoce la prohibición de arbitrariedad durante los estados de excepción; no afecta ninguno de los derechos fundamentales intangibles y su contenido no contradice ninguna norma constitucional.

La sentencia concluye señalando que es el artículo 299 N°3 del CJM, el que resulta incompleto, al no bastarse a sí mismo, atendido a que no se mencionan los deberes militares, cuya infracción se sanciona.

El máximo Tribunal de Brasil adujo que las restricciones a las libertades de expresión y a la enseñanza, son características típicas de los estados totalitarios o autoritarios.

La decisión fue acordada con el voto en contra de los Ministros García, Romero, Pica y de la Ministra Silva, quienes estuvieron por rechazar el requerimiento.

El decreto tenía por objeto autorizar al Ministerio de Salud para que adelantaran ciertos trámites relacionados con la importación y fabricación local de medicamentos y productos que se necesitan para prevenir, diagnosticar y tratar la enfermedad Covid-19.

En su resolución, la Magistratura Constitucional sostuvo que concurren las causales de inadmisibilidad previstas en el artículo 84 numerales 5° y 6° de la LOCTC.

La gestión pendiente incide en proceso penal seguido ante el Juzgado de Garantía de San Carlos.

La gestión pendiente incide en autos civiles, seguidos ante el Primer Juzgado Civil de La Serena, en actual conocimiento de la Corte de Apelaciones de La Serena, por recurso de apelación.

La gestión pendiente incide en autos penales de procedimiento simplificado por delito de conducción en estado de ebriedad, de que conoce el Juzgado de Garantía de Valparaíso.

Se adoptó acuerdo, quedando la causa en estado de sentencia, designándose como redactor del fallo al Ministro Fernández.