El requirente estima, que de aplicarse los preceptos impugnados, se vulnerarían sus garantías constitucionales, entre otras, el derecho de la igualdad ante la ley y el debido proceso. Toda vez que un ciudadano víctima de actos cometidos por agentes públicos, como lo es Carabineros de Chile, deberá someter la satisfacción de sus derechos en un proceso en un proceso ante tribunales distintos, con diversa composición y con normas procesales diversas, cual serían aquellos tribunales que componen la jurisdicción militar, contraviniendo lo ya señalado en reiteradas ocasiones por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, recordando el caso Palamara Iribarne versus Chile.

«no cabe duda que en la tradición constitucional occidental, la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, se originaron primero en relación a la libertad de prensa y, ulteriormente, fue incluyendo otros medios de comunicación social, a medida que se desarrollaban tecnológicamente como soportes diversos de las opiniones e informaciones en flujo social, dentro del concepto genérico de libertad de expresión, que a su vez alcanza incluso a otras manifestaciones de las personas».

El precepto legal impugnado dispone: “La jornada ordinaria de trabajo del personal de choferes y auxiliares de la locomoción colectiva interurbana, de servicios interurbanos de transportes de pasajeros y del que se desempeñe a bordo de ferrocarriles, será de ciento ochenta horas mensuales. En el caso de los choferes y auxiliares de la locomoción colectiva […]

restando sólo la dictación del «cúmplase» de la sentencia, la preceptiva impugnada no puede recibir aplicación en dicho trámite, toda vez que el Tribunal que conoce del asunto ya ha adoptado una decisión sobre el fondo del mismo y posteriormente se ha declarado el abandono del recurso, verificándose además la causal de inadmisibilidad del numeral 5° del artículo de la LOCTC.

en la gestión judicial invocada, ya ha sido decretada la medida de apremio de arresto -en contra del Alcalde de la Municipalidad de La Ligua-, según lo permiten las disposiciones legales cuestionadas. De esta manera, lo que intenta impugnarse es la resolución judicial que ordenó el arresto de la autoridad aplicando esas disposiciones. Lo anterior queda de manifiesto si se atiende a lo expresado en el petitorio del libelo de autos, en el que se solicita a esta Magistratura que decrete «el cese inmediato del apremio de arresto ordenado contra el Sr. Alcalde de la Ilustre Municipalidad de La Ligua…»

El requirente estima, que de aplicarse la normativa, se vulnerarían sus garantías constitucionales, entre otras, las consagradas en el artículo 8 inciso 2°, toda vez que los mensajes enviados a través de correos electrónicos institucionales no constituyen información pública.

Se solicitó declarar inaplicable, por inconstitucional, el inciso segundo del artículo 6° de la Ley N° 20.545, que modificó las normas sobre protección a la maternidad e incorporó el permiso postnatal parental.La gestión invocada incide en un recurso de protección interpuesto por diversos fiscales en contra del Ministerio Público, de que conoce actualmente la Corte […]

El TC declaró admisibles requerimientos de inconstitucionalidad –Roles 2386-12 y 2387-12: acumulados con Rol N° 2388-12– interpuestos por un grupo de parlamentarios que solicitaron declarar la inconstitucionalidad de una serie de preceptos del proyecto que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura (Vea texto íntegro del requerimiento y del expediente Rol N°2386.Vea texto íntegro […]

El TC admitió a trámite un requerimiento de inaplicabilidad que impugna el artículo 16 B de la Ley Nº 18.410, que crea la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.La gestión pendiente invocada incide en una acción de protección de que conoce la Corte de Apelaciones de Santiago incoada en contra de la Superintendencia de Electricidad y […]

«se trata de esclarecer si debe primar la aplicación del artículo 8°, letra d), inciso final, de la Ley N° 18.834 -que se impugna en esta sede-, y que subordina la permanencia en el cargo de un funcionario público a su calificación en lista N° 1, de distinción, o bien, el artículo 25 de la Ley N° 19.926, que establece el fuero de los directores de las asociaciones de funcionarios».