«la acción de inaplicabilidad deducida se encuentra razonablemente fundada; y que no concurre, en la especie, ninguna de las causales de inadmisibilidad previstas en el artículo 84 de la LOCTC».

«estiman que estas normas son vulneratorias de la garantía constitucional de la igualdad ante la ley y la interdicción de la discriminación arbitraria, que infringen los derechos a la protección de la salud y al debido proceso, en la medida que se presume una infracción y la culpabilidad, dando un régimen de protección más favorable y ventajoso a los titulares de patentes farmacéuticas, que se traducirá en dificultar el acceso a medicamentos de alto costo».

«la norma impugnada no vulnera la Constitución. En primer lugar, por cuanto, expresan, no se vulnera la igualdad ante la ley. Es cierto que un sujeto procesal (el Ministerio Público) puede apelar y no los otros sujetos, incluido en este caso el Ministerio del Interior. Tal diferenciación, aducen, tiene fundamento: en primer lugar, por el rol que le corresponde al Ministerio Público en el proceso penal; en segundo lugar, en que el imputado goza de una presunción de inocencia (artículo 4° del CPP); en tercer lugar, como a él corresponde compilar la prueba, puede incurrir en la causal de exclusión de prueba consistente en inobservancia de garantías».

“el legislador no es libre para regular el alcance de los derechos fundamentales que la Constitución reconoce y asegura a todas las personas. Por el contrario, y como lo dispone el artículo 19, Nº 26°, de la misma, debe respetar la esencia del derecho de que se trata como también evitar la imposición de condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio”

“Si el hijo es póstumo, o si alguno de los padres fallece dentro de los ciento ochenta días siguientes al parto, la acción podrá dirigirse en contra de los herederos del padre o de la madre fallecidos, dentro del plazo de tres años, contados desde su muerte o, si el hijo es incapaz, desde que éste haya alcanzado la plena capacidad”.

“que para tener el reconocimiento oficial de un establecimiento de educación parvularia, básica y media, es menester tener un sostenedor, el que podrá ser una persona jurídica de derecho público, tales como municipalidades y otras entidades creadas por ley y las personas jurídicas de derecho privado cuyo objeto social único sea la educación”.

«quienes estuvieron por declarar inadmisible el requerimiento, por cuanto, a su juicio, atendido el estado en que se encuentra la gestión judicial invocada, la disposición que se objeta no tendrá aplicación en ella, y, por consiguiente, no se cumplen los presupuestos legales y constitucionales para declararlo admisible».

«si bien antes se justificaba esta carga pública como una forma de retribuir al Fisco por la educación gratuita, hoy no tiene ningún asidero».

«lo cierto es que en este caso la norma impugnada le sirve de instrumento o herramienta procesal para reflejar su posición sobre el sustrato fáctico de la causa».

El TC admitió a trámite un requerimiento de inaplicabilidad que impugna el artículo 26 del DFL N° 850, de 1997 del Ministerio de Obras Públicas.La gestión pendiente invocada incide en autos sobre nulidad de derecho público de que conoce el 1° Juzgado Civil de Santiago, pendiente de ser notificada la resolución que recibe la causa […]