La gestión pendiente incide en autos de protección, en los que Blanco y Negro S.A. dedujo la acción por una multa de 401,04 Ingresos Mínimos No Remuneraciones, impuesta por el Departamento de Extranjería y Migración.

La Magistratura constitucional española adujo que la notable magnitud de la pena de prisión impuesta a los demandantes en amparo constituye un factor determinante de la preservación del interés general que conduce a no paralizar cautelarmente en esta sede constitucional su ejecución.

La decisión fue acordada con el voto en contra de la Ministra Silva, y del Ministro Pica, quienes estuvieron por declarar inadmisible el requerimiento.

La gestión pendiente incide en autos voluntarios, seguidos ante el Vigesimotercer Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago, en actual conocimiento de la Corte de Santiago, por recurso de casación en la forma y apelación.

En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

La Magistratura constitucional colombina estimó que medidas están suficientemente sustentadas y motivadas por cuanto tienen una repercusión directa en la capacidad económica de los hogares, lo cual puede impactar en dificultades para pagar los servicios públicos de energía y gas domiciliario.

En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

La decisión fue acordada con el voto en contra de los Ministros García Pino y Pozo Silva, quienes estuvieron por declarar inadmisible el requerimiento por falta de fundamento plausible.

Se adoptó acuerdo en la causa, quedando en estado de sentencia, designándose como redactora del fallo a la Presidenta, Ministra Brahm.