La Magistratura Constitucional señaló que la ausencia de un recurso anulatorio efectivo, en casos complejos o relevantes, arriesga dejar indemnes infracciones que son graves a la luz de la Constitución.

La gestión pendiente incide en proceso penal, seguido ante el Juzgado de Garantía de Graneros, en actual conocimiento de la Corte de Rancagua, por recurso de apelación.

En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

La gestión pendiente incide en autos civiles, seguidos ante el Primer Juzgado de Letras en lo Civil de Valparaíso.

Se adoptó acuerdo en la causa, quedando en estado de sentencia, designándose como redactora a la Presidenta, Ministra María Luisa Brahm.

El máximo Tribunal de Brasil adujo esto, pues consideró que, específicamente, la medida es incompatible con los principios constitucionales de protección de la infancia y la familia.

Se adoptó acuerdo en la causa, quedando en estado de sentencia, designándose como redactores del fallo a la Presidenta, Ministra Brahm, y al Ministro Pozo.

En su resolución, la Magistratura constitucional sostuvo que concurre la causal de inadmisibilidad del requerimiento prevista en el numeral 3 del artículo 84 de la LOCTC, toda vez que no se cumple con el requisito esencial de existir una gestión pendiente útil.

El máximo Tribunal de Brasil adujo que, como cualquier derecho fundamental, la libertad de expresión encuentra límites cuando se usa como pretexto para violaciones graves de otros intereses y derechos fundamentales.

La gestión pendiente incide en autos laborales, seguidos ante el Segundo Juzgado de Letras de Talagante, en actual conocimiento de la Corte de San Miguel, por recurso de apelación.