La gestión pendiente incide en proceso penal, seguido ante el Juzgado de Garantía de San Carlos.
La gestión pendiente incide en proceso penal, instruido por el Ministro en Visita Extraordinaria de la Corte de Santiago, Mario Carroza Espinoza.
El Ministro Barroso sostuvo que la protección ambiental es un deber constitucional del gobierno federal, y no una opción política.
La Magistratura Constitucional adujo que, lo que se ha sometido a control preventivo, es una nueva materia que debe someterse a arbitraje forzoso que se sustrae del conocimiento de la judicatura ordinaria.
La Magistratura constitucional sostuvo que la norma impugnada vulnera la igualdad ante la ley, al dar un idéntico tratamiento al mero contribuyente moroso que al contribuyente que se ha visto expuesto a la lenidad de quien obra como acreedor.
La decisión fue acordada con el voto en contra de los Ministros García y Pozo, quienes estuvieron por declarar inadmisible el requerimiento, ya que no aparece los preceptos impugnados no han de tener aplicación en la gestión pendiente o no resultan decisivos.
Previo a la adopción del acuerdo, se dispuso como medida para mejor resolver oficiar a la Cámara de Diputados para que informe la eventualidad de que la requirente hubiese sido sancionada por la Comisión de Ética.
En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
La Magistratura constitucional colombina adujo que no se puede generar un escenario de desprotección y vulneración de derechos fundamentales para las personas inmersas en un trámite de extradición, toda vez que en materia penal, dicha restricción conlleva un alto costo de la eficacia de sus mecanismos de defensa.
La Magistratura Constitucional señaló que la ausencia de un recurso anulatorio efectivo, en casos complejos o relevantes, arriesga dejar indemnes infracciones que son graves a la luz de la Constitución.
