La Magistratura constitucional colombina adujo, entre otros argumentos, que el Decreto desarrolla los mandatos constitucionales de protección especial de los niños, niñas y adolescentes, para garantizar su desarrollo integral y armónico.

La sentencia determina que la norma objetada no satisface el imperativo constitucional «pronta administración de justicia».

La gestión pendiente incide en autos sobre recurso de queja, seguido ante la Corte Suprema.

La gestión pendiente incide en autos laborales seguidos ante el Primer Juzgado del Trabajo de Linares, en actual conocimiento de la Corte de Talca, por recurso de nulidad.

La gestión pendiente incide en autos sobre recurso de unificación de jurisprudencia, seguido ante la Corte Suprema.

La decisión fue tomada con el voto en contra de la Ministra Silva, quien estuvo por declarar inadmisible el requerimiento, por configurarse las causales del artículo 84 numerales 5° y 6° de la LOCTC.

El fallo explica que la ausencia de un recurso anulatorio efectivo, en casos complejos o relevantes, arriesga dejar indemnes infracciones que son graves a la luz de la Constitución.

La sentencia señala que el requerimiento se estructura sobre la base de cuestiones de mera legalidad, por cuanto intenta crear un conflicto constitucional a partir de una calificación jurídica de la que el requirente discrepa.

La gestión pendiente incide en proceso penal del Tribunal Oral en lo Penal de Puerto Montt, en actual conocimiento de la Corte de la misma ciudad, por recurso de recurso de nulidad.

La gestión pendiente incide en proceso penal, seguido ante el Juzgado de Garantía de Rengo.