La sentencia señala que, son materia de ley orgánica constitucional las normas que modifiquen los crímenes y simples delitos perpetrados fuera del territorio de la República sometidos a jurisdicción chilena.

La sentencia señala que los preceptos impugnados amplían el objeto de acceso a la información vía Ley de Transparencia.

La gestión pendiente incide en autos laborales de que conoce el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Valparaíso, en actual conocimiento de la Corte de Valparaíso, por recurso de hecho.

En su resolución, la Magistratura constitucional sostuvo que concurren las causales de inadmisibilidad previstas en los numerales 3 y 6 del artículo 84 de la LOCTC, esto es, cuando no exista gestión judicial pendiente en tramitación, o se haya puesto término a ella por sentencia ejecutoriada, y por adolecer de falta de fundamento plausible.

La gestión pendiente incide en proceso penal, seguido ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Colina.

El Pleno adoptó acuerdo, quedando en estado de sentencia, designándose como redactor al Ministro Pica.

La sentencia señala que respecto del debido proceso, la infracción se produce en tanto la Ley N° 19.886 no contempla una oportunidad en que el afectado pueda discutir, ante los tribunales laborales, la procedencia o bien la duración de la pena de inhabilitación.

La sentencia señala que en el caso de autos la gestión pendiente es, asimismo, insuficiente para producir los efectos que desea la requirente en el caso de acogerse la inaplicabilidad.

La Universidad recurrida alegó que el precepto cuestionado no tiene aplicación decisiva en el asunto, toda vez que la disposición ya fue aplicada y no volverá a tener aplicación.

En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.