La Magistratura señala que la negociación colectiva es un derecho, no una carga, de jerarquía constitucional y que no es de titularidad de los empleadores, sino de los trabajadores.
En su resolución, la Magistratura constitucional sostuvo que concurre la causal de inadmisibilidad prevista en el numeral 3 del artículo 84 de la LOCTC, esto es, la inexistencia de una gestión judicial pendiente.
El máximo Tribunal de Brasil explicó que los órganos que integran el Sistema de Inteligencia Brasileño (Sisbin) solo pueden proporcionar datos y conocimiento específico a la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) cuando se compruebe el interés público en la medida, descartando cualquier posibilidad de que estos datos sirvan a intereses personales o privados.
Los Ministros Fernández y Pica, concurrieron al rechazo del requerimiento, previniendo en razón de sus propias consideraciones.
La medida consiste en requerir a Conadi y a la Biblioteca del Congreso Nacional.
En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
La gestión pendiente incide en autos sobre cumplimiento de transacción judicial laboral, seguido ante el Segundo Juzgado de Letras y Cobranza Laboral y Previsional de Linares bajo, en actual conocimiento de la Corte de Talca, por recurso de apelación.
Se pospuso la adopción del acuerdo para un mejor estudio de los antecedentes, fijándose una Sesión Extraordinaria para el día viernes 4 de septiembre de 2020.
El requerimiento adolece la falta de debido fundamento plausible, requisito previsto por el legislador orgánico constitucional de la LOCTC, en su artículo 84, N° 6.
El máximo Tribunal de Brasil adujo que la imposición de la multa no es desproporcionada ni irrazonable, por el contrario, es un medio razonable para evitar comportamientos perjudiciales para la administración de justicia y el derecho de defensa del imputado.
