La decisión fue acordada con el voto en contra de la Ministra Brahm, quien estuvo por declarar inadmisible en virtud de la causal prevista en el artículo 84 N° 5 de la LOCTC.

La decisión del máximo Tribunal brasileño establece varios criterios para evitar el hacinamiento, incluido el traslado, la atención domiciliaria y la reevaluación de los casos en los que no ha habido violencia.

La gestión pendiente incide en autos sobre recurso de casación en el fondo, seguidos ante la Corte Suprema.

La gestión pendiente incide Contencioso-Administrativo, en actual conocimiento de la Corte de Santiago, por recurso de apelación.

Si bien la Sala Plena alienta la denuncia de casos de acoso sexual y laboral, el equipo de magistradas no ejerce como la instancia legal creada para recibir dichas quejas.

La gestión pendiente incide en proceso Contencioso-Administrativo, seguido ante la Corte de Rancagua.

Finalmente se adoptó acuerdo en la causa, quedando en estado de sentencia, designándose como redactor al Ministro Letelier.

El requirente estima que resulta infringida la garantía constitucional del debido proceso, especialmente respecto del oportuno conocimiento de la acción por la parte contraria y el emplazamiento.

En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

La requirente estima que el precepto impugnado infringiría la igualdad ante la ley y el debido proceso.