La sentencia determina que el contenido de las disposiciones impugnadas excede lo previsto en el artículo 8° de la Constitución, ya que amplía la información a que se tiene acceso.
El máximo Tribunal indicó que, disponer el alejamiento temporal de un funcionario amparado por fuero gremial, implicó un desconocimiento del estatuto especial que rige la materia.
La sentencia señala que los preceptos impugnados amplían el objeto de acceso a la información vía Ley de Transparencia.
El fallo señala que la eventual existencia de resguardos procesales equivalentes, como el recurso de queja, no constituye explicación de por qué hay racionalidad en la exclusión en casos como el que se presenta en autos.
La Corte Suprema señaló que, yerran los sentenciadores al considerar comprobada la causal de terminación del contrato de trabajo contenida en el numeral 1 del artículo 159 del Código del Trabajo.
Por otro lado, rechaza el amparo referido a los horarios de entrada y salida de Palacio y sobre las declaraciones realizadas por el Presidente ese día.
La sentencia señala que respecto del debido proceso, la infracción se produce en tanto la Ley N° 19.886 no contempla una oportunidad en que el afectado pueda discutir, ante los tribunales laborales, la procedencia o bien la duración de la pena de inhabilitación.
El Tribunal de Alzada señaló que afirmar que el contrato de honorarios a suma alzada no puede ser el estatuto especial que reguló la relación del demandante, significa despreciar abiertamente el artículo 1545 del Código Civil.
El máximo Tribunal señaló que, los sentenciadores han incurrido en los errores de derecho denunciados al concluir que la exigibilidad de la obligación demandada se produjo el 9 de septiembre de 2006.
El recurrente señala que la autoridad omitió ejercer sus facultades legales para asegurar el orden público.
