La Corte Suprema concluyó que, los sentenciadores determinaron la falta de altura inventiva de la composición patentada por el recurrente, prescindiendo de las conclusiones que, en sentido contrario, alcanzó el perito.

El fallo señala que es necesario determinar si el legislador goza de cierta autonomía para determinar el tipo y la cantidad de excepciones.

La sentencia señala que, corresponde a la Justicia Electoral el conocimiento de todas las acciones que se incoen en relación a procesos electorales en el ámbito municipal.

El Tribunal señala que la potestad sancionadora de la administración del Estado debe sujetarse a los principios y normas constitucionales.

La indemnización no debe cubrir la reparación íntegra de los daños, pero su importe no puede ser puramente simbólico.

Se demostró principalmente la falta de supervigilancia, control y fiscalización en los vicios incurridos por el empleador.

El tribunal de alzada estimó que, la sentencia reclamada, al desconocer el efecto liberatorio del finiquito, incurrió en la causal de nulidad impetrada.

La Corte Suprema descartó que, los hechos se debieran única e inequívocamente a una actividad dolosa o negligente de parte del recurrente.

La Corte Suprema señaló que, respecto de la autoridad administrativa se rigen plenamente los principios de servicialidad, transparencia y publicidad administrativa.

Conforme se desprende del tenor del artículo 91 del Código de Aguas.