Máximo Tribunal señaló que la omisión de codificación del dispositivo por parte de la administración pública, no puede ser una justificación razonable para impedir la cobertura a afiliado.
Corte de Punta Arenas estableció que a recurrente se le privó de su derecho a un debido proceso.
La Corte de Santiago manifestó que, la referida negativa vulneró el derecho de la recurrente a la igualdad de trato y su propiedad, que reconocen los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental.
La Corte de Puerto Montt señaló que la decisión de la Administradora del Crédito Universitario con Aval del Estado, de revocar la aprobación inicial del CAE de la recurrente, en razón de haber supuestamente ésta última excedido el plazo máximo de financiamiento, no se ajustó a la ley.
La imputada se encontraba cumplimiento prisión preventiva en un módulo común no apto para su condición de salud.
Puede otorgarse el derecho a la compatibilidad cuando la cuantía de las retribuciones complementarias no supere el 30 por 100 de las retribuciones básicas.
El Tribunal de Alzada indicó que, no es posible enmarcar la actuación de la recurrida dentro de la legalidad, y tampoco cabe calificarla de razonable y prudente.
La decisión fue acordada con el voto en contra de la Ministro María Eugenia Sandoval, quien fue de parecer de revocar el fallo en alzada que acogió el recurso de protección.
Corte de Iquique estimó la medida como desproporcionada e ilegal.
La Corte de Concepción indicó que, claramente lo resuelto por el Departamento Contralor de Salud es arbitrario, infundado y carente de razonabilidad.
