Los ministros Brito y Dahm estuvieron por revocar el fallo en alzada y acoger el recurso de amparo, teniendo en consideración para ello que la conducta por la que fue condenado el amparado en su país de origen, dice relación con el porte de un arma de fuego, hipótesis que no se encuentra contemplada en el artículo 15 N° 2 de la ley de extranjería.

La Corte señaló que las manifestaciones públicas son escenario de hechos cuya naturaleza es confusa y que, en caso de revestir los caracteres de delito, el recurso de amparo no es la vía procesal idónea para establecer responsabilidades que requieren de un juicio de lato conocimiento.

El Máximo Tribunal confirmó el fallo por unanimidad, sin perjuicio de instar a la autoridad administrativa a resolver a la brevedad la solicitud de permanencia del amparado que se encuentra pendiente hace más de un año.

El máximo tribunal estimó que, de acuerdo con los artículos 3 y 10 del Estatuto Administrativo, la entidad administrativa se encontraba legalmente facultada para no renovar los servicios a contrata de la parte recurrente, puesto que, la principal característica de este tipo de vinculación es la precariedad en su duración.

Acogido con el voto en contra del ministro Brito, quien estuvo por revocar el fallo y, en consecuencia, acoger la acción deducida, teniendo presente para ello que, el domicilio de la amparada estuvo bajo vigilancia de la Policía de Investigaciones sin motivos que lo justifiquen, hecho que no fue suficientemente desvirtuado por la recurrida.

La Corte de Apelaciones de Copiapó declaró que, el cierre de ambas plantas constituyó un acto por medio del cual, se buscó materializar la sanción de caducidad de la concesión impuesta a la empresa que las operaba.

El actor contaba con calidad de subteniente al tiempo de verificarse la sanción de expulsión de la Escuela Institucional, de manera que correspondía iniciar un sumario administrativo para determinar su eventual responsabilidad en la conducta imputada.

La Corte Suprema estimó que el informe psicosocial elaborado por de Gendarmería de Chile no resulta suficientemente categórico para demostrar que el amparado no presenta «avances en su proceso de reinserción social»

La Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó el recurso, por estimar que la función de inteligencia definida en los artículos 2 y 22 de la Ley 19974 faculta a los recurridos para llevar a cabo la investigación en contra de los actores.

La Corte Suprema estimó que resultaba imposible proceder al pago de un instrumento cuya fecha de emisión no consta de manera fehaciente.