“cuando el legislador ha establecido ciertos requisitos para ocupar determinados cargos, en este caso relativo a las normas que regulan su provisión, no puede estimarse que la invalidación de esos nombramientos infrinja un aparente derecho de propiedad que los actores tendrían sobre sus cargos, ni aun la estabilidad en el ejercicio de los mismos”, por lo que no concurren los hechos aptos para producir los derechos invocados bajo el imperio de la ley.

“conforme a la prueba rendida, apreciada ésta conforme a las normas de la sana crítica, se encuentra acreditada la existencia del daño ambiental denunciado por la demandante”, consistente en “el socavamiento de la ribera izquierda del río en el sector Paraguay y la erosión de la misma que afectó a los predios ribereños en desmedro del hábitat natural con sectores de agua estancada”, daño que es imputable a la infracción por parte de la demandada a las normas medioambientales.

“la aseveración efectuada por los jueces de la instancia acerca de la falta de interés de la demandante, se ajusta a derecho, lo que conduce a estimar que carece de legitimación activa para demandar”.

“en esta situación de reproducción de obras musicales no puede prescindirse de que lo normal es que las creaciones de esta clase estén incluidas en el repertorio de la actora”

“en estas materias debe tenerse siempre en consideración el interés del niño, como principio fundamental e inspirador del ordenamiento jurídico nacional, de relevancia transversal en la legislación de familia y de menores. Así lo dispone, por lo demás, el artículo 16 de la Ley N°19.968 y aun cuando constituya un concepto indeterminado, cuyo alcance se aprecia cuando es aplicado al caso concreto, puede afirmarse que consiste en el pleno respeto de los derechos esenciales del niño, niña o adolescente, para procurar el cabal ejercicio y protección de sus derechos esenciales”

“la alegación de fondo del recurso –hubo incumplimiento contractual de la reclamada- carece de hechos que le sirvan de sustento, los que en razón de la naturaleza de este recurso no podrán ser establecidos por este tribunal, toda vez que no se ha denunciado ninguna infracción de las leyes reguladoras de la prueba”.

“el plazo de seis meses mencionado en el artículo 27 de la Ley N° 19.880 no es un plazo fatal y su incumplimiento sólo podrá generar eventuales responsabilidades administrativas”, y no el efecto de extemporaneidad pretendido por el actor.

“la improcedencia de otorgar el beneficio de desahucio pretendido, refiriéndose incluso a una “falta de legitimación activa para demandar” por parte del actor”, mientras que ahora invoca “argumentos concernientes a la exacta cuantía del beneficio a pagar”, lo que claramente excede el marco jurídico del recurso de nulidad sustancial.

La Corte Suprema rechazó el arbitrio procesal, para lo cual tuvo a la vista, como cuestión preliminar, que “resulta incuestionable que para demostrar la falta de servicio no existen restricciones a los medios de prueba, no siendo efectivo que los jueces de la instancia sostuvieran un postulado diverso”.

La Corte Suprema acogió el recurso de casación en el fondo, sobre la base de la infracción a las normas reguladoras de la prueba.