la legislación que penaliza el lavado de activos, originalmente solo se aplicaba a hechos o conductas acaecidas en el territorio Peruano, situación que solo se modificó a partir de la ley N° 27.765, publicada el 22 de Julio de 2007. en cuanto a la doble incriminación, señaló que abrir cuentas corrientes y depositar dineros en ellas aun con la finalidad de ocultar esas operaciones, no eran constitutivas de delito en Chile en el año 1999, época en que la requerida efectuaba en Panamá las conductas que se le reprochan.

“el criterio sostenido por la Contraloría General de la República invocado por la recurrente ha de ceder frente al de esta Corte Suprema, que no se encuentra vinculada por los dictámenes del órgano contralor de la Administración del Estado y que es la llamada a resolver el presente caso”.

«la reclamante se conformó con la decisión de primera instancia sobre el aspecto cuestionado y que ahora intenta revivir en el presente recurso”.

“para descartar tal reproche basta consignar que el criterio de dicho órgano fiscalizador invocado por la recurrente ha de ceder frente al de esta Corte Suprema, que no se encuentra vinculada por sus dictámenes y que es la llamada a resolver el presente caso”.

“no existe congruencia entre las alegaciones planteadas en el recurso de apelación y las que ahora fundamentan el recurso de casación en el fondo”

“el presente recurso al denunciar como infringidas normas que califica como reguladoras de la prueba, no señala que conforme a dicha infracción los hechos establecidos sean erróneos; por el contrario, éste discurre sobre la base de los mismos hechos establecidos por los jueces de grado”

“no se observa que los jueces del fondo hayan alterado la carga de la prueba. Por el contrario, la actora fue quien probó el hecho constitutivo de la falta de servicio municipal”.

“debe colegirse con arreglo a lo dispuesto en el artículo 167 del Código de Procedimiento Civil que si el actor estimaba que la existencia de un delito había de ser el fundamento preciso de la sentencia civil o que tuviera en ella influencia notoria, debía igualmente accionar civilmente dentro del plazo de prescripción contado desde la ocurrencia del hecho ilícito y solicitar la suspensión del procedimiento o tramitación de la causa hasta la terminación del proceso criminal”.

“cada una de las infracciones que el recurrente endosa a la sentencia en cuestión se encuentran dirigidas a dotar a la prueba que la demandante aportó al juicio de la fuerza necesaria para acreditar la inexistencia de la inversión que se le atribuye, intentando negar su existencia”.

“una resolución razonada y debidamente fundada”, por lo cual “sólo cabe concluir que no han incurrido los jueces en alguna de las conductas que la ley reprueba y que haga necesario el uso de las atribuciones disciplinarias de esta Corte”.