“la alegación de fondo del recurso –que se pagó en dos ocasiones al demandado un mismo servicio- carece de hechos que le sirvan de sustento, los que en razón de la naturaleza de este recurso no podrán ser establecidos pues no se ha denunciado ninguna infracción efectiva a las leyes reguladoras de la prueba que, eventualmente, habría podido otorgar facultades para ponderar las probanzas y concluir de modo diverso”.

“el recurso de casación presentado carece de los antecedentes de hecho que autorizarían aplicar los preceptos que se denuncian como infringidos y sobre los cuales se sustentaría la pretendida aplicación de las normas de responsabilidad del Estado en materia sanitaria”.

“jamás el documento aludido fue agregado a alguna de las instancias en la forma que prescribe la ley, es decir, con citación o bajo el apercibimiento legal que corresponda, requisito que ha sido elevado a nivel de trámite esencial”

“dicho error no tiene influencia en lo dispositivo del fallo, como quiera que la demanda deducida no puede ser acogida por no concurrir los requisitos para su procedencia, a saber la existencia de hechos que puedan ser calificados como ilícitos por parte de la demandada”.

“virtud de dar curso progresivo a los autos por no constituir una manifestación de voluntad en orden a obtener la resolución del conflicto, pues sólo desde que se tienen por subsanados los errores de que adolecía el libelo pretensor y que se notifica tal resolución a los demandados es que nace para éstos el plazo para contestar la demanda y con ello se da origen a la etapa de discusión del procedimiento”.

“las Municipalidades tienen la obligación de advertir acerca de cualquier desperfecto que sus inspectores detectaren en las calzadas y aceras y comunicarlo a la repartición o empresa encargada de repararlas”.

“tal modificación sólo adquiere sentido en cuanto las sociedades de inversión y las sociedades de profesionales se encuentran gravadas con el impuesto establecido en el artículo 23 del D.L. N° 3.063, circunstancia cierta que llevó al legislador a precisar cuál era el domicilio a considerar cuando éstas desarrollaran sus actividades sin registrar un domicilio comercial”.

“correspondía reconocer a los reclamantes el derecho a que no les sean cobrados los intereses moratorios devengados durante el período de tiempo que comprendió el proceso inválido”.

“la calificación de “maliciosa” que emplea el legislador tributario y que pueda enderezarse respecto de una declaración de impuestos es solamente en su acepción de carácter administrativo y no exige acreditar dolo penal”.

“debe estar en situación de sacar de la inactividad el procedimiento e impulsarlo a su término por medio de actuaciones útiles a tal fin, de lo contrario no se observa necesidad que persevere en la repetición de presentaciones que en nada conducirán a su término”.