El mensaje, ingresado el pasado 19 de junio, busca aumentar a 13 los años de educación obligatoria en Chile.
La Cámara de Diputados aprobó, con 100 votos a favor, el proyecto de reforma constitucional que establece la obligatoriedad del segundo nivel de transición y crea un sistema de financiamiento gratuito desde el nivel medio mayor.
Luego de la entrada en vigencia de la recientemente aprobada ley que permite la elección de los Consejeros Regionales (CORES) por sufragio popular (Véase relacionado), la moción de los senadores Bianchi y Rossi busca que se establezca una elección directa en votación universal del presidente del Consejo Regional, además de otorgarle iniciativa de ley en materias de tributos que graven actividades o bienes que tengan una clara identificación regional o local, proponiendo, asimismo, fijar reglas para proceder a su reemplazo en caso de vacancia del cargo.
La moción presentada por un grupo de diputados pretende reformar la Carta Fundamental para limitar el privilegio de la inviolabilidad parlamentaria diferenciando la imputación de crímenes o simples delitos en contra de terceros
La moción de un grupo de diputados DC pretende modificar la Ley Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios, permitiendo que, en materia de elecciones parlamentarias, los pactos y partidos políticos presenten hasta cuatro candidatos respecto de cada circunscripción y distrito
La moción del senador Francisco Chahuán propone una reforma constitucional que faculte a una rama del Congreso Nacional para hacer presente la urgencia en la tramitación de un proyecto de ley
La moción de los diputados Acorsi, Alinco, Araya, Ascencio, Browne, Gutiérrez, Monsalve, Muñoz, Robles y Sepúlveda, expone que la finalidad de las prohibiciones parlamentarias es “cautelar y asegurar la independencia global de los diputados y senadores, tanto respecto del Poder Político cuanto de los diferentes grupos de presión, sean económicos o sociales, y de preservar la respetabilidad y la dignidad del cargo de parlamentario”.
La moción de los diputados Bertolino, García, Martínez, Pérez, Santana, Sauerbaum y Verdugo, expone que tanto el Senado como la Cámara de Diputados tienen el rol fundamental de participar en el “iter legis”, sin embargo, existen otras atribuciones tan relevantes como es la representación ciudadana, la fiscalización de los actos del Estado, y la práctica de “frenos y contrapesos” que le dan vigor a la teoría de la separación de los poderes del Estado.
El proyecto de ley, iniciado por moción de los diputados Álvarez, Baltolu, Bauer, Bobadilla, Calderón, Hasbún, Hernández, Morales, Norambuena y Urrutia, expone que “la Acusación Constitucional, heredada de la figura del impeachment americano, ha sido concebida desde su origen como una figura de derecho estricto y de carácter excepcionalísima”.
La iniciativa tiene por objeto dar cumplimiento al mandato de la Carta Fundamental, en su artículo 119, que señala, en lo pertinente, lo siguiente: “El consejo regional estará integrado por consejeros elegidos por sufragio universal en votación directa, de conformidad con la ley orgánica constitucional respectiva”.
