La multa se debió a que el establecimiento educacional no habría activado de manera correcta su protocolo.
La denunciante sostuvo que su despido fue una represalia por solicitar a la Inspección del Trabajo de Coquimbo que fiscalizara la situación de informalidad laboral en que se encontraba.
El fallo que lo motiva no existe pronunciamiento sobre la materia de derecho respecto de la cual se pretende la unificación de jurisprudencia.
La decisión fue acordada con el voto en contra del abogado integrante Barra, quien estuvo por rechaza el recurso de unificación interpuesto.
Estas comunicaciones fueron sostenidas por los trabajadores en la red social WhatsApp.
La recurrente indicó que concurre la causal prevista en el artículo 768 N° 4 del Código de Procedimiento Civil.
Se ha incurrido en un error de derecho en el fallo impugnado que ha influido sustancialmente en lo decidido.
El máximo Tribunal sostuvo en síntesis que la situación planteada en la sentencia impugnada difiere de aquella de que tratan las de contraste.
El empleador es responsable por las conductas de acoso que puede llegar a ejercer, lo que se conoce como acoso vertical.
Se condenó a la demandada a pagar la indemnización contemplada en el artículo 87 del Estatuto Docente.
