La actora consideró vulneradas sus garantías constitucionales a la integridad física y psíquica, y a la igualdad ante la ley.
La decisión fue acordada con el voto en contra del Ministro Blanco y el abogado integrante Pallavicini, quienes fueron de opinión de acoger el arbitrio de nulidad sustantiva.
La recurrente se basó en la causal del artículo 477 del Código del Trabajo.
De este modo, la Corte Suprema revocó la sentencia de la Corte de Concepción.
Tanto la demandada principal como la demandada simplemente conjunta, fueron condenadas en primera instancia e interpusieron recursos de nulidad contra esa sentencia.
El máximo Tribunal señaló que la correcta interpretación de la materia de derecho es aquella que determina que la Ley N° 19.933.
La actora fundó su acción en humillaciones e insultos periódicos, durante y con ocasión del término de la relación laboral, que afectaron las garantías constitucionales a la integridad psíquica y a la honra.
Sólo la judicatura del fondo se encuentra facultada para determinar los hechos del litigio.
El tribunal, sin embargo, estimó indebido el despido de la actora.
La decisión fue adoptada con el voto en contra del Fiscal Rodrigo Padilla.
