El máximo Tribunal estimó que no existe vulneración del recurrido al dictar un proceso sumarial.
La Corte de Coyhaique tuvo en especial consideración el reconocimiento que hace la actora de haber postulado a su cargo sin cumplir con todos los requisitos.
Corte de Concepción estimó que la ilegalidad del acto yace en la imposibilidad del recurrente de rendir prueba que desacreditase los cargos que se le imputaron.
Corte de Antofagasta señaló que recurrente pretendió esgrimir argumentos propios de una apelación, atacando la interpretación de las normas y no vicios sustantivos.
Los propietarios del inmueble arrendado tenían en las herramientas jurídicas la posibilidad de poner término al contrato de arriendo.
Corte de Punta Arenas estimó que no existe arbitrariedad o ilegalidad del acto impugnado.
Corte de Valparaíso estimó que amparada cuenta con arraigo social en el país que no fue ponderado por la autoridad ministerial requerida.
No se advirtió de la descripción fáctica del libelo hechos que pudieran constituir afectación a derechos que se encuentren protegidos por el artículo 20 de la Constitución Política de la República.
Corte estimó que no procede acción de amparo frente a una privación legal de libertad.
Corte de San Miguel estimó que no existen hechos susceptibles de ser conocidos por esta vía.
