Máximo Tribunal señaló que a la luz de los principios orientadores de la reforma procesal penal procede decretar el abono solicitado.

Máximo Tribunal señaló que antecedentes dan cuenta de una eventual vulneración de garantías constitucionales.

La Corte Suprema sostuvo que, la revisión de la sentencia dictada por el TC en el marco de un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad atenta contra la congruencia y unidad que debe tener la Carta Fundamental.

La Corte de Apelaciones señaló que no existe un protocolo predeterminado para la confección de esta arma disuasiva.

Corte de Concepción señaló que no es posible distinguir vulneraciones a los recurrentes que ya se encuentran al resguardo de su integridad en el marco del sistema procesal penal.

Corte de Concepción estimó que Juez del grado actuó en el marco de sus competencias, no advirtiendo ilegalidad en su actuar.

Corte de Rancagua señaló que con esta medida se afecta la integridad psíquica de la recurrente y la protección de la familia como núcleo fundamental de la sociedad.

Corte de Santiago estimó que no existe un derecho indubitado que proteger.

Recurrente estimó vulnerado su derecho de propiedad.

Recurrente estimó vulnerada su libertad de empresa, el derecho a la educación de sus hijos y prohibición constitucional de huelga de funcionarios públicos.