Se dedujo acción de protección en contra de varios particulares por impedir el acceso o salida de la casa-habitación de la actora, ubicada dentro del sitio común que comparte con los recurridos.La Corte Suprema rechazó el arbitrio constitucional, por estimar que “no existen antecedentes suficientes en la causa para dar por establecido que los recurridos […]

La recurrida informó que se encuentra haciendo uso de su permiso post natal, lleva más de tres meses alejada de su cargo y de la contingencia política, reconociendo que redactó esa frase pero sin la intención de hacer referencia a la historia reciente del país sino para expresar una opinión personal en un asunto personal, sin hacer referencia a persona alguna.

«…, ha precluido la oportunidad para impetrar la acción, toda vez que en la primera ocasión en que fuera ingresado al recinto se sometió al procedimiento de registro establecido, mientras que en la segundo ocasión se negó, sin que los funcionarios del recinto insistieran en ello…»

“si bien es cierto, como ya se anotó al inicio de esta decisión, objetivamente analizados los elementos de cargo reunidos al momento de someterse a proceso a la inculpada y, más tarde, al dictarse sentencia condenatoria, tenían mérito suficiente para ello, no lo tenían en el aspecto subjetivo, esto es, en relación al sujeto de la imputación, por la falta de documentos o elementos idóneos para cotejar su identificación circunstancia esta claramente atribuible a una negligente actuación de la autoridad jurisdiccional”.

La Asociación Chilena de Mantenedores de Ascensores (ACIMA) dedujo acción de protección en contra del Ministerio de Vivienda y Urbanismo por la dictación del

“aún cuando la resolución en sí misma no consignara las hipótesis precisas por las que se imponía la multa, ésta se basó en antecedentes que justificaban y explicaban la misma, de los cuales el recurrente tuvo conocimiento oportunamente”.

«…resulta redundante fundar la casación en normas constitucionales, ya que sólo establecen derechos de orden general que luego se desarrollan en normas legales».

La Corte Suprema revocó la sentencia en alzada, al lograr convicción que se habría infringido tanto el derecho a sindicarse como el derecho de propiedad del recurrente.

“se colige que el propósito final de las argumentaciones de la recurrente es promover una nueva valoración de las probanzas allegadas, distinta a la efectuada por los jueces del mérito, actividad que resulta ajena a la casación”.

“por no revestir la factura” ninguna de las “calidades referidas” para que procediera “la comunicación y posterior inclusión de ésta en la base de datos de DICOM era necesario que en ella constara el asentimiento expreso del deudor”.