Agrega, que la autorización municipal es un título de naturaleza “evidentemente transitoria” y que no existe ninguna norma de rango legal que le imponga a la Municipalidad reclamada la obligación de mantener el permiso asignado a la reclamante.

“el actual sistema electoral binominal de nuestro país desde hace más de dos décadas, restringe la renovación de liderazgos, pues contribuye en gran parte a perpetuar la reelección de los actuales parlamentarios, tal cual ha sido desde el año 1990 a la fecha”

El máximo Tribunal tuvo presente lo dispuesto en el artículo 7 letra f) de la Ley N° 18.410, Orgánica de la SEC, según el cual el Superintendente podrá: “Delegar atribuciones o facultades específicas en funcionarios de las plantas directiva, profesional o técnica de la Superintendencia”, precepto coherente con las normas generales sobre delegación de funciones establecidas en el artículo 43 de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

“comprendido en el mandato impuesto a las Municipalidades por el artículo 1° de la Ley N° 18.695, en cuanto deben satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de las respectivas comunas».

Los Ministros Gutiérrez, Herrera, Sanhueza, Araya, Solis y MacKay, fueron del parecer de acoger la solicitud de desafuero, al estimar que tal petición “se aviene perfectamente con los antecedentes acumulados durante la investigación efectuada por el Ministerio Público, y ello no puede ser entendido, en caso alguno, como una desprotección para la mencionada autoridad pública, precisamente porque dentro del procedimiento judicial podrá ejercer todos los derechos que estime le correspondan”

“a esta magistratura mantener la vigencia de ambas normas dentro del ordenamiento jurídico y solo en cuanto hubiera una insalvable imposibilidad de coexistencia hacer primar aquella de mayor grado o nivel en la estructura jurídica chilena”.

“la propia resolución certifica el cumplimiento de la normativa del proyecto, como también da cuenta de haberse acompañado los antecedentes necesarios para la ponderación respectiva de los PAS involucrados, estableciendo que estos antecedentes son suficientes para asegurar los requisitos ambientales de cada uno de estos permisos, posibilitando un análisis de la evaluación de los componentes ambientales vinculados a los permisos ambientales sectoriales respectivos, sin que por otra parte, corresponda a esta Corte realizar un análisis de índole…»

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió la acción constitucional, al estimar que “FONASA se ha arrogado facultades exclusivas y excluyentes de la jurisdicción, pues son los tribunales de justicia los que deben resolver el conflicto planteado”, sobre todo tomando en consideración el precedente de la sentencia de la Corte Suprema (Rol N° 1613-2008), que frente a un caso similar resolvió de idéntica manera.

Se dedujo acción de protección en contra de varios particulares por impedir el acceso o salida de la casa-habitación de la actora, ubicada dentro del sitio común que comparte con los recurridos.La Corte Suprema rechazó el arbitrio constitucional, por estimar que “no existen antecedentes suficientes en la causa para dar por establecido que los recurridos […]

“al aumentar el monto de la indemnización, fijándola en diez millones de pesos para cada uno de los dos actores”, no otorgó “más de lo pedido, puesto que de la lectura del recurso de apelación que ellos han interpuesto aparece que solicitaron al tribunal de alzada el aumento de la cantidad fijada por el de primer grado, teniendo como límite la suma de cien millones de pesos respecto de uno de ellos y de cincuenta millones de pesos respecto del otro”.