“deben cumplir con el horario de audiencia o de atención al público y éste es determinado por la Corte de Apelaciones respectiva”.

Se dedujo recurso de reclamación respecto de una sentencia dictada por el Tribunal de Contratación Pública que acogió una demanda en contra de la Municipalidad de Providencia, declarando ilegal y arbitraria la adjudicación de una licitación de estacionamientos subterráneos. El recurrente sostuvo que no incurrió en ilegalidad ni arbitrariedad, toda vez que la oferta adjudicada […]

“la prescripción extintiva constituye un principio general de derecho que adquiere presencia plasmándose positivamente en todo el espectro de los distintos ordenamientos jurídicos, resultando excluida sólo en aquellos casos donde por ley o atendida la naturaleza de la materia, se establece la imprescriptibilidad de las acciones”.

“la decisión objeto de la acción es un acto administrativo y como tal debe cumplir los requisitos que establece la Ley Nº 19.880”, cuyo artículo 5º dispone que “se expresarán por escrito o por medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija o permita otra forma más adecuada de expresión y constancia”.

“la simple consideración del recurso fáctico–temporal de la concesión o licitación, desarrollado en la especie por varios años a partir del 2002, así como la secuencia lógica y razonable motivación de los impugnados actos preparatorios de las expropiaciones, permiten también a estos sentenciadores -conforme a razonamiento afincado en las reglas de la sana crítica- dar por establecida la inexistencia de toda pretendida arbitrariedad”.

«a nulidad de derecho público debe ser declarada judicialmente y que los actos administrativos se reputan válidos mientras ello no ocurra y que por consiguiente deben cumplirse como tales de acuerdo al principio de la ejecutoriedad, aparece de manifiesto que la situación jurídica creada por la resolución que puso término anticipado al empleo a contrata quedó naturalmente consolidada …»

El recurrente razona que ha mantenido buenas calificaciones durante su historia laboral en el organismo público y que la resolución impugnada carece de fundamentación toda vez que no contempla circunstancias objetivas que pudieran justificar la medida, lo que vulnera su derecho a la integridad física y psíquica, a la igualdad ante la ley y su derecho de propiedad.

“la realización de inversiones en toda clase de bienes muebles, la compra, venta, arrendamiento, comercialización y explotación de toda clase de inmuebles y cualquier otro negocio o actividad que acuerden los socios”.

“si bien es aceptado que esta acción debe adoptar medidas cuando se la acoge y que, por otra parte, cuando el acto que la motivó se encuentra concluido no es posible hacerlo, en la especie es imprescindible dejar establecido que no puede imponerse a la recurrente la carga de quedar sujeta a actos de desconocimiento de su derecho a usar la prenda de que se trata…»

es un hecho público y notorio la existencia de las movilizaciones y paralizaciones del sector público, las que no obstante no han “desvirtuado ni la función pública ni su debida continuidad”