“el artículo 61 del D.F.L. 1 de Hacienda de 1993 que acorde con el artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia debe entenderse como ley de quórum calificado. Esta norma señala que: “los profesionales y funcionarios que se desempeñan en el Consejo de Defensa del Estado cualquiera sea la naturaleza de su designación o contratación, estarán obligados a mantener reserva sobre los trámites, documentos, diligencias e instrucciones relacionados con los procesos o asuntos en que intervenga el Servicio siéndoles aplicables las disposiciones del artículo 247 del Código Penal”.

“el plazo de seis meses mencionado en el artículo 27 de la Ley N° 19.880 no es un plazo fatal y su incumplimiento sólo podrá generar eventuales responsabilidades administrativas”, y no el efecto de extemporaneidad pretendido por el actor.

“la improcedencia de otorgar el beneficio de desahucio pretendido, refiriéndose incluso a una “falta de legitimación activa para demandar” por parte del actor”, mientras que ahora invoca “argumentos concernientes a la exacta cuantía del beneficio a pagar”, lo que claramente excede el marco jurídico del recurso de nulidad sustancial.

el tribunal de alzada reconoció que, sin perjuicio de que no corresponde a la acción cautelar entrar al valor los diversos pronunciamientos, resoluciones e informes propios del procedimiento, técnico y pormenorizado legalmente, de evaluación de impacto ambiental, si cabe hacer presente que la ley indígena y el Convenio 169 de la OIT obligan al Estado a consultar a los pueblos interesados, mediante acciones idóneas, en las acciones judiciales o administrativas que puedan afectar sus derechos, en particular, en lo relativo a la administración y conservación de sus recursos naturales y propiedad mineras.

“no se advierte razón que justifique la determinación de las autoridades del colegio, habida consideración de la calificación académica del educando, del compromiso asumido por los padres, de la circunstancia de encontrarse aquél bajo tratamiento médico -con lo que logró mejorar su conducta y está en vías de obtener nuevos resultados”,

el recurso de protección no es incompatible con los recursos administrativos que no tienen la virtud de interrumpir el plazo para el ejercicio de la acción constitucional”.

“se fundamenta en el tiempo que la actora lleva con licencia médica, ya más de dos años sin reintegrarse a sus funciones, y conforme a lo dispuesto en la letra h) del artículo 72 del Estatuto Docente y 148 de la Ley N° 18.883, sin que además hayan prosperado dos de sus peticiones de pensionarse por invalidez y respecto de la tercera presentada después del decreto impugnado tampoco existe en la actualidad un pronunciamiento favorable de la autoridad, por lo que en estas condiciones no es susceptible de brindarse cautela en su favor”.

“tiene el deber general de velar por la vida, integridad y salud de los internos y permitir el ejercicio de los derechos compatibles con su situación procesal”,

“teniendo en consideración la conducta reprochada a la recurrente, sus efectos en su Servicio y en la comunidad donde se desempeña, lo que llevó al recurrido a concluir, que con las declaraciones radiales proferidas por aquélla, se atentaba en contra del prestigio del Servicio en el cual trabaja y como asimismo, el de las autoridades que lo dirigen”.

“estuviese en estado de riesgo vital que permitiera dar aplicación a la cobertura de emergencia que dispone la ley, toda vez que ello no fue asentado en el certificado de estado de emergencia o urgencia emitido por el profesional del Hospital Clínico”,