“presentó durante los años 2010 y 2011, diversos episodios de indisciplina frente al profesorado y autoridades del colegio, llegando incluso a agresiones corporales respecto del Director del plantel” y que “su apoderado fue informado oportunamente” y que previamente se aplicaron otras medidas, todo lo cual se encuadró en el Manual de Convivencia Escolar respectivo.

en cuanto a la Intendente regional, que no se advierte la forma o los actos específicos de esta autoridad que hubieren impactado en los hechos denunciados.

no se encuentra en condiciones de “adoptar las medidas de protección o cautelares” para resguardar los presuntos derechos afectados.

“de los antecedentes allegados al recurso, es posible dar por establecido que no ha existido de parte de las empresas recurridas, un acto que se pueda considerar arbitrario o ilegal, ya que se ha cumplido en el desarrollo de la actividad económica de las firmas recurridas, con todo el marco regulatorio vigente”.

“habiendo cesado el acto fundante de la medida cautelar, el recurso de protección no puede prosperar”.

“la alegación de fondo del recurso –hubo incumplimiento contractual de la reclamada- carece de hechos que le sirvan de sustento, los que en razón de la naturaleza de este recurso no podrán ser establecidos por este tribunal, toda vez que no se ha denunciado ninguna infracción de las leyes reguladoras de la prueba”.

“no es posible para este tribunal determinar la existencia de un acto ilegal o arbitrario que conculque o vulnere alguno de los derechos protegidos por la Constitución a través del recurso de protección, ninguno de los cuales ha sido invocado por el actor”, agregando que la verificación de riesgo comercial es una práctica habitual “no sancionada por el derecho”.

“actos ilegales ni arbitrarios, pues no se ha violado norma alguna del ordenamiento jurídico al citar la junta en un domicilio ajeno al señalado en los estatutos, ni se ha actuado sin razón o por mero capricho en la especie, toda vez que es justificado pretender realizar una junta de accionistas en el preciso lugar donde la sociedad recurrida ejerce y explota su único giro comercial”

no habiéndose producido una contravención que diga relación con el derecho de propiedad de que es titular el recurrente, desde que el informe y el decreto impugnados se han emitido de acuerdo a las disposiciones que regulan la materia”

“deben actuar con estricta sujeción a los derechos y garantías de las persona, tanto de aquellas que son objeto del actuar policial por encontrarse perpetrando hechos ilícitos, cuanto –y con mayor razón- respecto de terceros ajenos a los hechos; obligación que resulta más perentoria si se trata de niños –además de etnia mapuche-, como acontece en la especie; especialmente si las actuaciones en contra de las mujeres aludidas se hicieron en presencia de sus hijos, con lo cual naturalmente se produce a éstos una afectación o daño de carácter psíquico”.