“la presente acción debe ser acogida, ya que la negativa de la recurrida a pagar el bono en cuestión debe calificarse de ilegal, máxime que el Decreto Alcaldicio que lo otorgó goza de la presunción de legalidad, imperio y exigibilidad dispuesta en el artículo 3 inciso final de la Ley N° 19.880, no desvirtuada hasta ahora, a lo que debe agregarse la obligación de pago contemplada en el artículo 8 de la Ley N°20.305 y artículo 2 N°4 del Estatuto Orgánico de Tesorería

“las medidas correctivas, pedagógicas o disciplinarias que su propio reglamento interno disponga”

“la conducta por la cual se sancionó a la empresa reclamante se encuentra debidamente encuadrada en las disposiciones que le imponían la obligación de mantener las medidas de seguridad orientadas a evitar accidentes que importaran un riesgo para la vida de los trabajadores y de terceros en general”.

discrepancias surgidas con motivo de la demarcación de límites entre predios vecinos y existiendo una sentencia que así lo dispone no es posible determinar en estos autos si ésta debe ser cumplida o no”.

“es perfectamente lógico que los sentenciadores del grado nada hayan señalado con respecto a la argumentación que el reclamante pretendía”.

“es determinar si en la especie se ha tratado de la reparación de los efectos patrimoniales que la conducta del sentenciado por sí misma ha causado o que pueden atribuírsele como consecuencia próxima o directa”.

“habiéndose interpuesto el recurso de protección con fecha 29 de diciembre de 2011, esto es, mientras aun se encuentra inconcluso el procedimiento de modificación al plan regulador, el recurso no debió ser declarado inadmisible en razón de estimarlo extemporáneo”

“dando directa aplicación al principio de supremacía de la Carta Fundamental, por cuanto ello resultaría improcedente en nuestro ordenamiento jurídico constitucional que establece al Tribunal Constitucional como único contralor de la constitucionalidad de las leyes, además de introducir un factor de incertidumbre jurídica inaceptable con el buen orden institucional, por cuanto, además, en nuestro sistema la jurisprudencia de los tribunales superiores no es obligatoria para los inferiores”.

“las funciones encargadas a la recurrente para el año 2012, son las que corresponden a aquellas por las cuales ingresó a prestar sus servicios y por las cuales se le remunera, de tal forma que la decisión cuestionada no resulta ni ilegal ni arbitraria, porque obedece a la situación laboral de la docente”.

“la circunstancia de haber deducido en su oportunidad con fecha 10 de mayo de 2011 otro recurso de protección que fue declarado inadmisible”.