“de manera adelantada certificados de aprobación de cursos a dos alumnos antes de que los finalizaran” y se superó el tope de alumnos por curso, además de que “seis postulantes de una de las sedes no cumplían con el requisito de ser titulares de licencia clase B con una antigüedad de a lo menos dos años, según lo exigían los planes de enseñanza de la Escuela”.

“porque resulta inequívoco el conocimiento que los recurrentes tenían –y como mucha antelación a la interposición de la presente impugnación- de la obligación de restituir el anticipo Bono SAE que les fuera pagado”.

“por lo que no le asiste a la recurrente algún título o derecho para exigir que la mencionada entidad privada de salud le otorgue la cobertura requerida si no concurren los supuestos establecidos en la normativa para acceder a ella”.

“el incumplimiento de los plazos por parte de la administración, amenaza en especial la garantía constitucional del artículo 19 N° 3 inciso quinto de la Constitución Política de la República, al imponérsele al recurrente una multa en un procedimiento viciado, en razón del incumplimiento de los plazos legales, así como también porque la administración intenta sustraerse de la aplicación de la Ley Nº 19.880, que debe informar los procedimientos administrativos”.

“los alumnos de un determinado establecimiento no tienen derechos adquiridos sobre la calidad de alumnos”, limitándose la garantía a la continuidad en el respectivo año escolar, “y no para los años siguientes que eventualmente puedan cursar en dicho centro educacional

“ello no constituye un obstáculo para privarlos de su típico carácter de actos mercantiles, por tener una empresa bancaria la calidad de parte interviniente en los mismos y constituir una de “las operaciones de banco” a que se refiere el Nº 11 del artículo 3º del Código de Comercio”.

“el plazo de prescripción ha de contarse desde la fecha de comisión de tales circunstancias según ya se indicó en el motivo anterior, en este caso desde los años 1981 y 1986, según corresponda a cada docente, por lo que a la fecha de notificación de la demanda, el 23 de marzo de 2001, la acción civil derivada de los hechos que la fundan se encontraba prescrita”

“en el caso de autos no se ha denunciado por el recurso la infracción de normas reguladoras de la prueba por los sentenciadores del grado, circunstancia que impide revisar la actividad desarrollada por ellos en vinculación con aquéllas, y variar, por este Tribunal de Casación, los supuestos fácticos determinados y sobre los cuales recayó la aplicación del derecho sustantivo”,

“antes de la sentencia que declaró la inconstitucionalidad del precepto en conformidad al artículo 94 de la Constitución Política, se desprende en forma inequívoca que la antedicha norma requería, al momento de resolverse la inaplicabilidad, de una aplicación posterior, la que precisamente no se produjo al haberse acogido los recursos, permitiendo la consiguiente declaración de nulidad de los procesos”.

“la actuación de la recurrida constituye un acto ilegal, desde que por ella se negó a tramitar un recurso contemplado en la ley presentado dentro del plazo legal, afectando con ello la garantía de igualdad ante la ley contemplada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, porque al desconocer la autoridad recurrida el plazo legal en toda su extensión ha dado un trato arbitrario que no puede ser aceptado”.