“tratándose de impuestos cuyo plazo legal para efectuar el pago venció en cada caso entre el 12 de diciembre de 1994 y 30 de abril del año 1996, a la fecha de notificación de los giros, el 16 de marzo del año 2000, ya había transcurrido el plazo de tres años que contempla la ley, por lo que no pudo entonces dicha gestión tener el efecto de interrumpir la prescripción”.

“no existen además actos arbitrarios o ilegales cometidos por parte de la Municipalidad” y descartó expresamente cualquier vulneración de derechos fundamentales.

“es la respuesta legislativa frente a la insuficiente eficacia del recurso de protección para asumir ese rol en diversos aspectos, tales como la explicable falta de motivación de las personas, individualmente consideradas, para deducir un recurso de protección en resguardo del derecho a la libertad económica como un derecho de carácter general, al no sentirse afectadas en un derecho subjetivo que les concierna en lo particular”.

“conforme a los hechos fijados en la instancia, el Estado de Chile es responsable por cuanto se ha demostrado la concurrencia de una falta de servicio por parte del establecimiento asistencial y la relación de causalidad entre aquella y el resultado dañoso”.

“cuando la única causa del daño es el hecho del demandado, autor del perjuicio, no puede éste pretender exonerarse parcialmente de su responsabilidad, aun cuando la víctima hubiere desplegado previamente una actividad o conducta infraccional, como lo alega el recurso, toda vez que corresponde atenerse a una relación de causalidad y no a un contexto de culpabilidad”

“el demandante atribuyó a las demandadas una falta de adecuación del diseño de desagües del terreno y por ende estaba en obligación de demostrar dicho aserto”, siendo que se demostró en el proceso precisamente lo contrario, esto es, que “el sitio en cuestión históricamente era objeto de inundaciones y que las demandadas no tenía la obligación de mejorar esa calidad”.

“ha autorizado al recurrente para que éste realice declaraciones públicas a través de los medios de comunicación social, las que no han tenido lugar por causas que se desconocen, y está llana a dar la autorización respectiva, siempre conforme al señalado reglamento”

“la autoridad Administrativa no está obligada ciertamente a renovar la contratación de los servicios que se desempeñen en tal carácter una vez cumplida la vigencia temporal, pues ella opera por el solo ministerio de la ley. Sin embargo, cuando ésta decide hacer uso de la facultad de anticipar su término, es decir, cuando recurre al mecanismo de “mientras sean necesarios sus servicios”

“asignaciones de locomoción y colación deben comprenderse en la base de cálculo establecida en el artículo 172 citado, ya que incorpora todos los conceptos que, en las remuneraciones del trabajador tengan el carácter de permanente, naturaleza que revisten, indudablemente, las asignaciones antedichas, de manera que su inclusión en la referida base de cálculo, no constituye una vulneración a la norma en cuestión, a esta conclusión no obsta la norma del artículo 41 el Código del ramo, la que está referida al concepto de remuneración en general, más no a la base de cálculo de que se trata, para cuya determinación el legislador contempló una regulación específica”.

“no le compete, por sí y ante sí, alterar el statu quo en desmedro de los demás, ni definir circunstancias en las que los otros también tienen intereses, en virtud de lo cual debe accederse a lo impetrado en el recurso, en los términos que se expresará en la parte decisoria de este fallo, sin perjuicio del derecho que le asiste, al recurrido, para pedir que se practiquen las demarcaciones y cerramientos pertinentes, y para establecer en terreno la correspondiente servidumbre de tránsito”.