“es necesario que las centrales cumplan estrictamente, en su operación de funcionamiento con las condiciones aprobadas en las resoluciones ya singularizadas y se respeten debidamente los derechos que otros usuarios del río detentan y que no han sido discutidos”.

“resulta arbitrario, por cuanto no existía razón alguna para que se le considera un extranjero infractor; se le retirara su cédula de identidad sustituyéndosela por una tarjeta de identificación de extranjero infractor, con el menoscabo que ello conlleva en su vida de relación; y, además, se le impusiera, lo obligación de registro de firma en dependencias policiales, dándole con ello un trato distinto -y como ya se dijo, sin que hubiera razón para ello– que al resto de los extranjeros que cuentan con permiso de residencia definitiva en el país”.

“por lo que su conducta no puede ser tachada como arbitraria ni ilegal, y, por lo mismo, esta Corte no le puede ordenar que suspenda el cobro de las prestaciones médicas hasta que adquiera el carácter de firme la resolución dictada en sede administrativa, corresponde que este recurso sea rechazado”.

“el actuar del Colegio al proceder a la cancelación de la matricula del alumno ha vulnerado la garantía constitucional del derecho de la educación, al impedirle continuar su proceso formativo en el establecimiento elegido por sus padres, así como la igualdad ante la ley, al pretender segregarlo por su conducta que si bien puede no ser la correcta, intentar corregirla es una responsabilidad compartida entre los padres del menor así como del Colegio que éstos han elegido para su hijo”.

“debe estar en situación de sacar de la inactividad el procedimiento e impulsarlo a su término por medio de actuaciones útiles a tal fin, de lo contrario no se observa necesidad que persevere en la repetición de presentaciones que en nada conducirán a su término”.

la legislación que penaliza el lavado de activos, originalmente solo se aplicaba a hechos o conductas acaecidas en el territorio Peruano, situación que solo se modificó a partir de la ley N° 27.765, publicada el 22 de Julio de 2007. en cuanto a la doble incriminación, señaló que abrir cuentas corrientes y depositar dineros en ellas aun con la finalidad de ocultar esas operaciones, no eran constitutivas de delito en Chile en el año 1999, época en que la requerida efectuaba en Panamá las conductas que se le reprochan.

“aparece claro que olvidaron una cuestión esencial, como es el respeto de los derechos de quienes habitan las propiedades colindantes, y para centrarse en el reclamo, los derechos de quien ha deducido el recurso de protección, con muy justo derecho, según le parece a esta Corte”,

“estos sentenciadores estiman que el recurso no es extemporáneo, puesto que se interpuso dentro del plazo de treinta días de agotada la vía administrativa”.

“no cabe calificar como ilegal el comportamiento del Hospital Naval nro. 1, ni de la Dirección de Sanidad de la Armada, ni de la Dirección General de Servicios de esa Institución, ni de su Comandante en Jefe. Menos aún puede formularse ese juicio de valor respecto del Sr. Ministro de Defensa recurrido, ni de funcionarios que de él dependan o con él se relacionen, por no existir relación jerárquica entre esa cartera de Estado y la Armada de Chile”.

“el criterio sostenido por la Contraloría General de la República invocado por la recurrente ha de ceder frente al de esta Corte Suprema, que no se encuentra vinculada por los dictámenes del órgano contralor de la Administración del Estado y que es la llamada a resolver el presente caso”.