“incumpliendo con la obligación de proporcionar el trabajo convenido – en este caso, la obligación de proporcionar un trabajo diferente – por decisión judicial” y, por otra parte, se alteró sus funciones sin respetar las condiciones del contrato original, toda vez que “se le confeccionó un contrato de trabajo con fecha anterior y con menor sueldo”.

“resulta ilegal ya que conculca la garantía del artículo 19 Nº 4 de la Constitución Política de la República al obligar a los recurrentes a entregar antecedentes privados fuera de los casos contemplados por la ley”.

“el demandante solicitó el pago de daños patrimoniales únicamente como peticiones subsidiarias, las que fueron rechazadas por la sentencia, de manera que al otorgar el fallo también el pago de tales daños al resolver la petición indemnizatoria principal incurre en el vicio de nulidad formal de ultrapetita”

“se tornó en ilegal y perturba la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 Nº 3, inciso 4º, de la Constitución Política de la República, pues de la manera en que el fiscalizador obró, tal actividad de la recurrida importa arrogarse facultades propias y excluyentes de los tribunales competentes en dicha materia, esto es, de los juzgados del trabajo, ya que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señale la ley y que se halle establecido con anterioridad por ésta, lo que no ha sido el caso, en que la Inspección del Trabajo asumió, en la práctica, la función que corresponde a los tribunales”.

“la alegación de fondo del recurso –se sancionó dos veces un hecho idéntico- carece de los supuestos fácticos que le sirvan de sustento”,

“asiste al amparado el derecho a gozar del beneficio de la media prescripción que consagra el artículo 103 del Código citado y, al no habérsele reconocido, se inhibió la posibilidad de disminuir la pena impuesta”.

“el artículo 33 del Código Procesal Penal autoriza al imputado requerido por el tribunal para ausentarse, comunicándolo y justificando su inasistencia, con anterioridad a la fecha de la audiencia, si fuere posible”

“no se contó con un informe técnico que otorgue fundamentos a la decisión impugnada, y que contenga datos ciertos acerca del grado de congestión, específicamente en los centros de reclusión de la región, para en definitiva explicar por qué el traslado de un sentenciado de Rancagua en concreto y por qué mandarlo a Puerto Montt y no a una ciudad más cercana”.

“en cuanto a que los hechos denunciados necesariamente deben ser conocidos por un Juzgado de Familia pues podrían constituir violencia intrafamiliar, estos sentenciadores la desestimarán teniendo para ello presente el tenor del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el cual señala que la interposición de la acción constitucional de protección es sin perjuicio de lo demás derechos que se puedan hacer valer ante los tribunales correspondientes”.

“a diferencia de lo que se afirma en el recurso, el fallo impugnado mantuvo los considerandos del fallo confirmado y agregó otros que contienen las consideraciones de hecho y de derecho necesarias para arribar a la conclusión definitiva en relación a la decisión de acoger la demanda interpuesta”.