“no es dable exigir a la actora que acredite, en forma concreta, los requerimientos efectuados, sino que, de contrario, acredite las circunstancias ambientales que rodean la situación y que hacen plausible concluir que existió una situación de acoso sexual, aportando de esta forma los indicios exigidos por el artículo 493 del Código del Trabajo”.

“la decisión recurrida resulta ilegal y arbitraria, pero que al contrario de lo sostenido por la actora, no afecta al derecho de propiedad pero sí al de igualdad ante la ley, pues como se ha fallado tantas veces, toda resolución administrativa que afecta a una persona y que es dictada con omisión de exigencias legales o reglamentarias, infringe dicha garantía, ya que discrimina a una persona respecto de todas las demás que sí quedan protegidas por la norma, la que lleva a acoger el recurso tal como se dirá en lo resolutivo”.

“ha de cautelarse por esta vía proteccional los actos que de tal presunción emanan, esto es, debe mantenerse el statu quo precedente mientras no se determinen y declaren por los tribunales competentes los derechos que a cada parte corresponden, toda vez que por la acción del recurrido se perturba el derecho de dominio de la recurrente puesto que se le impide ejercer debidamente los derechos de uso y goce inherentes a éste”.

“resulta útil dejar consignado que la gestión de solicitud de extradición pasiva no constituye propiamente un juicio, pues no persigue acreditar la existencia del delito y determinar la persona del delincuente para imponerle una pena o absolverlo, sino que consiste en un mero “procedimiento” destinado a establecer la concurrencia de los requisitos que la hacen procedente, en lo relativo al sujeto extraditable, al delito y a la naturaleza y extensión de la sanción aplicable”.

“la obligación de señalizar adecuadamente las vías públicas que consagra para el municipio el artículo 26 letra c) de la Ley N° 18.695 comprende también la de señalizar toda calle, camino u otro lugar destinado al tránsito, entendido éste como el desplazamiento de peatones, animales o vehículos por vías de uso público».

“la sanción a la falta de congruencia tiene en su raíz la garantía que el mencionado principio significa para los litigantes y el límite que supone para el juez, otorgando seguridad y certeza a las partes al precaver una posible arbitrariedad judicial. Por lo mismo, constituye un presupuesto de la garantía del justo y racional procedimiento, que da contenido al derecho a ser oído o a la debida audiencia de ley”.

«se advierte que si bien existe identidad en cuanto a la persona imputada, no puede decirse lo mismo en relación a los hechos materia de los procesos, ni hay constancia siquiera que haya recaído sentencia de término en el juicio que sirve de base a la cosa juzgada que se reclama, pues lo único que se ha esgrimido es la indicada resolución del tribunal de alzada cuya naturaleza difiere de la que exige la alegación de que se trata”.

“no habiendo existido ilegalidad ni arbitrariedad en las actuaciones del Intendente recurrido que deban y puedan ser subsanadas mediante las facultades que el conocimiento de esta acción otorga a esta Corte, la acción deducida no podrá prosperar, toda vez que ésta garantiza el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que señala el artículo 20 de la Constitución Política de la República cuando éstos sean vulnerados –privados, perturbados o amenazados- mediante actuaciones positivas o abstenciones que sean ilegales o arbitrarias”.

“la facultad de los jueces del mérito para calificar la gravedad, precisión y concordancia de las presunciones que permitan asignarles valor probatorio, actividad que en sí misma es ajena al control de legalidad que ejerce este tribunal de casación”.

“la recurrida ha sido objeto de sumarios sanitarios durante año 2009 y 2010, y que fue sancionada recientemente, por cuanto su actividad produce una alta contaminación acústica, que supera el límite establecido por la norma”