“ya que la ley no ha fijado un plazo especial de prescripción de la misma, por lo que prescribe en cinco años desde que se ha hecho exigible la obligación”.

“por aparecer de los antecedentes que lo debatido es una cuestión de interpretación legal, no es posible concluir que los jueces recurridos al revocar la decisión del Consejo Nacional de Televisión y dejar sin efecto la multa impuesta a la empresa Directv Chile TV. Ltda. hayan realizado alguna de las conductas que la ley reprueba y que sería necesario reprimir y enmendar mediante el ejercicio de las atribuciones disciplinarias de esta Corte”.

“por otra parte, son las disposiciones legales referidas en el fallo de primera instancia –confirmado sin modificaciones por el tribunal de alzada- las que corresponde aplicar al caso”

“los negocios jurídicos en virtud de los cuales el demandante pretende apoyar la titularidad de sus derechos al cobro de los créditos objeto de la presente acción no contienen un “error de expresión”, sino que padecen de un error esencial”.

“establece perentoriamente que los contratos con fines turísticos que se hubieren celebrado con anterior a la dictación de la Ley N° 20.423 continuarán vigentes y se extinguirán de conformidad con la normativa aplicable”.

“el fundamento esgrimido por el tribunal de alzada para decidir la incompetencia absoluta del tribunal civil que estaba conociendo del asunto radicó en la circunstancia que la propia demandante enderezó su pretensión indemnizatoria sobre la base de los supuestos del régimen de responsabilidad contractual”.

“los sentenciadores no han incurrido en error de derecho al negar al recurrente la recuperación del Impuesto al Petróleo Diesel utilizado en la compra de combustible hecho en el exterior para el transporte de carga internacional, ello porque tales empresas son consideradas como exportadoras conforme a lo dispuesto en el inciso 4º del artículo 36 del D.L. 825 y por ende se encuentran excluidas tanto por el artículo 7º de la Ley Nº 18.502 como por el artículo 4º del D.S. Nº 311”.

“el acto realizado por los recurrentes consistente en una ocupación del terreno de propiedad del recurrido importa y constituye una acción ilegal de autotutela pues a través de una vía de hecho se altera y lesiona una situación preexistente sin que exista habilitación legal o judicial para ello, debiendo en consecuencia ser calificada como arbitraria y atentatoria de la garantía cautelada en el artículo 19 Nº 24° de la Constitución Política de la República”.

“la casación de fondo se construye contra los hechos del proceso, establecidos por los sentenciadores del mérito, e intenta variarlos, proponiendo otros que a juicio de la parte recurrente estarían probados, finalidad que es ajena a un recurso de esta especie”.

“recurso de casación en estudio sólo se orientó a denunciar como errores los argumentos tendientes a cuestionar la validez del acto administrativo que sirvió de antecedente a la resolución sancionatoria”, lo que “impide dar lugar al recurso de casación, como quiera que éste necesita que los vicios denunciados influyan en lo dispositivo del fallo, situación que aquí no ocurre”.