«El asunto tiene interés desde que según la postura de la Unidad Regional de Subvenciones Secretaría Regional Ministerial de Educación, los alumnos no habrían podido matricularse en ningún caso el año lectivo de 2011 porque no tenían la edad exigida al 31 de marzo, y claro, ninguno de los alumnos tenía esa edad cumplida a esa fecha, cuestión que no es discutida, sino admitida como premisa del recurso”.

“la negativa fáctica del Servicio de Tesorerías a efectuar el pago requerido constituye una actuación que excede el ámbito de su competencia y por ende reviste el carácter de ilegal”

“en la especie no concurren los presupuestos que permitan el acogimiento de la presente acción de cautela de derechos constitucionales, de tal manera que el recurso deducido no está en condiciones de prosperar y debe rechazarse”.

“la ilegalidad y arbitrariedad constada, en el motivo 12°, infringe el derecho de propiedad del recurrente, garantizado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, al hacer efectivo el cobro de una boleta en forma ilegal y arbitraria, perjudicando el patrimonio del recurrente”.

“de los antecedentes proporcionados por la recurrente y el recurrido surge que el asunto fue estudiado razonablemente por este último, tratando de resguardar la malla curricular de la carrera ofrecida en el contrato, y las variaciones que sobre ella después se suscitaron, escapan a su intervención, siendo informadas a los alumnos que lo requirieron”.

“analizada la probanza rendida, en particular, los dichos del actor, y su actuación posterior ante la inspección del trabajo, unido al testimonio de oídas de uno de los testigos, aparece que el hecho de haber efectuado una constancia ante la Inspección del Trabajo el día siguiente al despido verbal, da sustento a la teoría del caso de la parte demandante, pues es una máxima de la experiencia que el trabajador, al sentirse vulnerado en sus derechos laborales, como lo indica el actor en su demanda, acude al ente fiscalizador para dejar constancia del hecho, que en este caso, sería su despido verbal”.

Se dedujo acción de tutela laboral por prácticas antisindicales, con ocasión del despido de un trabajador contratado a plazo fijo, por supuesta vulneración de su libertad sindical, todo ello como consecuencia del hostigamiento, que se tradujo en controles mayores que a sus compañeros, malos tratos verbales y descalificaciones, lo que habría redundado en su posterior […]

“la primera objeción general que se puede formular a la acción constitucional que se ha interpuesto, es que resulta dudoso que pueda prosperar un recurso de protección que plantea una parte de un Directorio de una Asociación Gremial a favor de ellos y de los socios que representan, los que aparecen en un listado que se ha adjuntado a los documentos que fueron acompañados en su oportunidad, desde el momento en que los referidos socios de la Asociación Gremial no han señalado personalmente de qué manera y en qué forma les afecta el proceso de calificación que se ha descrito, el que además se encuentra en marcha y no se conocen los resultados de las orientaciones que se han objetado”

“en lo que corresponde a la Municipalidad se mencionan como posibles afectados a los más de 41.000 habitantes de la Comuna de Arauco, sin que se individualice a ninguno de tales supuestos afectados por los actos que motivan el recurso, circunstancia que resulta necesaria para los efectos de la presente acción cautelar»

en cuanto a la obligación de consulta, sostuvo que la recurrida ha explicado “la oportunidad en que dicha diligencia se llevará a cabo, en todo caso previo a la dictación de la resolución terminal que se pronuncia, esto es, la nueva Resolución de Calificación Ambiental”, por lo que tampoco concurre esta hipótesis.